Entre las propuestas aprobadas, se encuentran medidas de simplificación y mejora de procesos de promoción de inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
Con 13 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Martha Moyano (FP), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
De acuerdo con la propuesta, de las 10 materias y 105 submaterias solicitadas por el Poder Ejecutivo, se ha considerado otorgarle facultades para legislar en las 10 materias solicitadas, pero restringiéndose a 63 submamaterias.
PROPUESTAS
Entre las propuestas aprobadas, tal como lo planteó el Ejecutivo, se encuentran medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
Del mismo modo, la iniciativa que establece disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.
Asimismo, la propuesta para ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.
A nivel tributario se plantea un mecanismo de recaudación del impuesto general a las ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital.
“Adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE”, se detalla.
Asimismo, se destaca modificar la Ley N° 31557, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de que, por ejemplo, se pueda regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificaciones de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas.
Otra importante propuesta es la que autoriza que se establezcan disposiciones para la declaración de necesidad pública e interés nacional a la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, así como establecer disposiciones especiales para su construcción y funcionamiento con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.
El dictamen también delega facultades respecto a la modificación del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con la finalidad de optimizar el tipo penal de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual.
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Asimismo, tipificar en la Ley de delitos informáticos, Ley 30096, sobre la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual generados o empleando tecnología digital, así como el chantaje sexual derivado de estos.
MÁS
Respecto al efecto de la vigencia del dictamen, se indica que la aprobación de esta implica delegar temporalmente en el Poder Ejecutivo la facultad para legislar en las materias expresamente señaladas, por el plazo de 90 días calendario, contados a partir de su entrada en vigencia, en mérito a lo cual el Gobierno podrá emitir decretos legislativos para crear, modificar o derogar normas directamente vinculadas con las materias de delegación, las que luego serán sujetos a control político por parte del Congreso de la República.
Respecto al análisis costo-beneficio, se indica que la población será beneficiada con los efectos e impacto que tendrán las modificaciones normativas en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, lo que redundará en mejores servicios públicos, calidad de vida y bienestar general.
DEBATE
Durante el debate, Adriana Tudela (AP) mostró su preocupación por la delegación de facultades en materia tributaria que, a su juicio, no tiene mucha precisión y detalle en algunas iniciativas, por lo que podría afectar al consumidor. Al respecto, pidió que dicha materia sea votada por separada.
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“Hay una insistente actitud por parte del MEF de incrementar la recaudación exprimiendo a un porcentaje reducido de la población que pueda pagar impuestos y, en última instancia, a los consumidores. No están planteando algo en materia tributaria que busque ampliar la base tributaria, incrementar la cantidad de personas que pasen al sector formal y eso se logra con la inversión privada y generación de empleos, que es algo que el Ejecutivo no está abordando en el pedido de facultades”, alegó la parlamentaria.
A su turno, Diana Gonzales (AP) señaló mostró su preocupación por que no se delegan facultades legislativas en materia de formalización minera, pese a que el Congreso ha aprobado la prórroga del Reinfo a este diciembre del 2024.
Por su parte, la congresista Lady Camones se refirió a la propuesta del impuesto selectivo al consumo a los juegos de apuestas deportivas a distancia. Indicó que el dictamen indica que la base imponible de ese impuesto debe ser de acuerdo a las normas de los países de origen de las empresas.
“La mayoría de empresas están domiciliadas en paraísos fiscales donde tienen muchas liberalidades, entre ellas, el no pago de los impuestos (…) esto contraviene el principio básico de igualdad ante la ley. Consideramos que, tanto los nacionales como extranjeros, tienen que ser tratados con el mismo derecho y el impuesto al consumo debe aplicarse por igual”, manifestó la legisladora de Lianza Para el Progreso.
