A través de este organismo «se brindarán condiciones para concretar una visión estratégica de la inversión pública, a través de planes a largo plazo y una mejor coordinación multisectorial, respaldada con servidores públicos altamente capacitados”.
El Pleno del Congreso de la República aprobó, esta tarde, en primera votación, el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y establece disposiciones para la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión que estén a su cargo.
El dictamen que se sustenta en el proyecto de ley 4642/2022-PE, obtuvo 62 votos favor, 46 en contra y seis abstenciones; de acuerdo con el artículo 78 del reglamento congresal, transcurridos siete días calendario podrá ser sometido a segunda votación.
Sobre el tema, la Comisión de Constitución y Reglamento emitió un dictamen, en mayoría, de inhibición.
La titular de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Diana Gonzales Delgado (AvP) inició su exposición con un pedido a los miembros del Congreso, para centrar el debate “en los alcances técnicos de las fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, de la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura”.
Gonzales Delgado aseguró que del resultado de un importante trabajo, la comisión a su cargo coincidió en “la necesidad de crear un organismo público ejecutor, destinado a la formulación, ejecución y mantenimiento de proyectos y programas de inversión, que contribuya al cierre de brechas de infraestructura”.
Este organismo, continuó, debe “garantizar la efectiva prestación de servicios públicos y dinamizar la economía, así como al desarrollo del país con enfoque territorial, de prevención y de sostenibilidad ambiental”.
En ese sentido, dijo que “a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura se brindarán condiciones para concretar una visión estratégica de la inversión pública, a través de planes a largo plazo y una mejor coordinación multisectorial, respaldada con servidores públicos altamente capacitados”.
“No es más de lo mismo”, adujo, “es la primera vez que concebimos una entidad enfocada en la gran obra. Este podría ser un primer paso, para en un futuro, evaluar una entidad más grande como un Ministerio; pero ello, ya será determinado a partir de la experiencia que deje en nuestro país la implementación de la ANIN”.
Durante el debate, el dictamen aprobado no estuvo exento de críticas, y muchas de ellas se enfocaron en que contribuía a más centralismo, más burocracia, va contra el proceso de descentralización; y en verdad carece de una visión integradora y de reingeniería.
En esos temas coincidieron congresistas como Edwin Martínez Talavera (AP) Guido Bellido Ugarte (PB) Flor Pablo Medina (NoA) Alex Paredes Gonzales (BMCN) Hamlet Echevarría Rodríguez (CD-JP) Héctor Acuña Peralta (NoA) Jaime Quito Sarmiento (PL) Alex Flores Ramírez (PL) Tania Ramírez García (FP) Luis Kamiche Morante (CD-JP).
También, Eduardo Castillo Rivas (FP) Kelly Portalatino Ávalos (PL) Mery Infantes Castañeda (FP) José Jerí Oré (SP) Luis Picón Quedo (NoA) Segundo Montalvo Cubas (PL) Cruz Zeta Chunga (FP) Jorge Marticorena Mendoza (PB) o Wilson Quispe Mamani (PL).
Las congresistas Sigrid Bazán Narro (CD-JP) y Ruth Luque Ibarra (CD-JP) expusieron su preocupación por el plazo establecido para el cumplimiento de las herramientas de gestión ambiental, aunque también declararon la inviabilidad del proyecto.
Al respecto, Diana Gonzales Delgado afirmó que aceptaba ampliar el plazo de dichos instrumentos a 90 días hábiles; en otro acápite se aceptaba la absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y en una sexta Disposición Complementaria Final se aceptaba adecuar la visión de la nueva entidad hacia el año 2050, en coordinación con CEPLAN, tal como lo solicitó Ilich López Ureña (AP).
También aceptó acumular los proyectos de ley solicitados por los congresistas Carlos Zeballos Madariaga (PP) Rosselli Amuruz Dulanto (AvP) Eduardo Salhuana Cavides (APP) Nieves Limachi Quispe (CD-JP) y Edgard Reymundo Mercado (CD-JP).
Participaron en el debate, además, Elvis Vergara Mendoza (AP) y Alejandro Cavero Alva (AvP).
LA NORMA
De acuerdo con la norma aprobada, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros; tendrá autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
Sus recursos le son asignados conforme a las leyes anuales de presupuesto. Asimismo, se le autoriza a la contratación y suscripción de contratos de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
Tiene competencia en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional de los tres niveles de gobierno, que le son asignados por otras entidades del Poder Ejecutivo o le son delegados a consideración de los gobiernos subnacionales.
Se encargará de la ejecución de los proyectos y programas de inversión asignados o delegados, su formulación cuando sea requerida y su mantenimiento, hasta por cuatro años. Así también, podrá formular, ejecutar, mejorar o conservar obras de infraestructura de defensa civil estratégica.
En el ejercicio de sus funciones, la ANIN coordinará con las diferentes entidades e instancias del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales y demás entidades públicas, así como las empresas públicas que correspondan. Para ello, contará con una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que a su vez propone técnicamente la incorporación de programas y proyectos a su cartera.
A fin de asegurar el carácter técnico y evitar el sesgo político en la ANIN, no se considera la propuesta de un consejo directivo conformado por algunos ministros. Por el contrario, su estructura orgánica básica estaría compuesta por una Jefatura, Gerencia General, Órgano de Control Institucional, para enfrentar riesgos de corrupción, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo, y Órganos de Línea.
