Debido a riesgos de carácter sociopolítico, técnico, legal, financiero o empresarial.
En el Encuentro Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el Ing. Fernando Gala remarcó que el ingreso de nuevas operaciones mineras permitió al país incrementar el valor de las exportaciones mineras a US$ 40,000 millones, y con ello obtener recursos económicos para mejorar el PBI a S/ 550,000 millones y reducir la pobreza 25%, en un lapso de 30 años.
“Ahora bien, la puesta en operación de los 47 proyectos mineros en cartera no solo haría que igualemos a Chile en términos de producción de cobre, sino que duplicaría el valor de las exportaciones mineras de US$ 40,000 a US$ 80,000 millones, con lo que tendríamos más impuestos, más puestos de trabajo y más canon y regalías para las comunidades”, resaltó.
No obstante, el presidente de Consejo de Minería afirmó que casi 30 proyectos aún no definen fecha de inicio de construcción, debido a riesgos de carácter sociopolítico, técnico, legal, financiero o empresarial, muchos de los cuales fueron determinantes para la postergación de inversión de Yanacocha Sulfuros o la suspensión de desarrollo de Tía María y Conga.
“Si la empresa minera percibe que el riesgo es alto y no ha podido ser atenuado con los estudios previamente realizados, será difícil que decida construir el proyecto; por lo tanto, deberá realizar el tratamiento del riesgo, lo cual comprende la identificación, la valoración, la implementación de acciones de mitigación, la inyección de recursos y el monitoreo del riesgo”, acotó.
Licencia social, no reglamentada, pero necesaria
Precisamente, el exviceministro de Minas enfatizó que uno de los riesgos sociales predominantes para la construcción del proyecto minero es la no obtención de la licencia social, que otorga viabilidad social al mismo, pero que no debe ser confundida con los mecanismos de participación ciudadana o consulta previa orientados al subsector minero y reconocidos por ley.
“La participación ciudadana se ejecuta durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y la consulta previa se aplica a los pueblos indígenas u originarios; sin embargo, la práctica de ambas no garantiza el otorgamiento de la licencia social, un permiso no legal que compete a la comunidad del entorno, provincia o región donde se ubicará la operación minera”, indicó.
De esta manera, Fernando Gala aseveró que la empresa y la población deben buscar acuerdos que beneficien a ambas partes, con el primer objetivo de inspirar legitimidad, credibilidad y confianza, y posteriormente lograr que el proyecto minero se adjudique la licencia social, un concepto de connotación sociológica que es dinámica y debe trabajarse continuamente.
“El desarrollo económico de un país se consigue con más inversión, siendo la inversión minera necesaria; empero, sacar un proyecto minero no es tarea fácil, ya que requiere completar satisfactoriamente la cadena de valor, desde la exploración hasta la evaluación financiera del proyecto, así como valorar adecuadamente los riesgos del que puede ser objeto”, recalcó.
