El contralor Nelson Shack señaló que si solo se perdiera la mitad, «no habría más pobres», debido a que la brecha de pobreza monetaria es de S/ 12 mil millones.
El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que su institución estimó que en el 2022 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron un perjuicio económico de al menos S/ 25 mil millones.
En entrevista con Exitosa, el funcionario aclaró que la afectación a las arcas del Estado comprenden el gobierno de Pedro Castillo y el año en general.
«Más de S/ 25 mil millones perdidos en 2022, por los datos que tengo, de todas maneras ¿Eso qué significa? Que S/ 13 soles de cada S/ 100 que se gasta en el Perú, se pierde, o porque se lo roban, o porque hay ineficiencia, despilfarro e incompetencia. Ese es el tamaño la pérdida», lamentó.
Agregó que si solo se perdiera la mitad, «no habría más pobres», debido a que la brecha de pobreza monetaria es de S/ 12 mil millones.
El contralor recordó que aunque la pérdida económica del año pasado es similar a la reportada en 2021, explicó que en 2022 se ejecutó mucho más presupuesto público.
«Por eso, en términos absolutos, no me cabe ninguna duda que el monto de pérdida total de corrupción estará por encima de los S/ 25 mil millones», anotó.
Más de 8,700 funcionarios públicos tienen responsabilidad en hechos irregulares
Durante el 2022, la Contraloría General de la República, como resultado de sus informes de control posterior, determinó presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 8,730 funcionarios públicos en cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos de diversas entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, informó el contralor general, Nelson Shack.
“En el 2022 hemos identificado a más de 8,730 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad, eso es 1000 más que lo detectado en el 2021. De esos 8,730, hay 3,000 que pertenecen a entidades del Gobierno Nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, señaló.
Shack enfatizó que estos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan la buena labor que realizan miles de colaboradores del sector público, y eso evita que se beneficie a los ciudadanos que esperan acceder a obras y servicios públicos de calidad y de manera oportuna.
Como parte del balance del control gubernamental correspondiente al 2022, indicó que en total hay 6,219 directivos con presunta responsabilidad en hechos irregulares; 2,494 profesionales; 219 técnicos y 134 titulares de entidades públicas.
Cifras del control posterior
El año anterior, la Contraloría General de la República emitió un total de 42,734 informes de control, de los cuales 15 012 corresponden al control posterior, que incluye a 1,926 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico donde se determinaron 2,167 observaciones y se plantearon 4,910 recomendaciones a las entidades involucradas para revertir las irregularidades detectadas.
Las 1,926 auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local permitieron examinar intervenciones públicas con un presupuesto de S/ 19,165 millones, de las cuales la ejecución de S/ 5,735 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico contra el Estado por la suma de S/ 1,134 millones.
A nivel de sectores de intervención, el mayor monto observado corresponde a Transportes con S/ 1,204 millones (perjuicio de S/ 276 millones), seguido de Educación con S/ 1,027 millones (perjuicio de S/ 81 millones), Salud con S/ 876 millones (perjuicio de S/ 124 millones), Saneamiento con S/ 556 millones (perjuicio de S/ 143.9 millones), Ambiente con S/ 88 millones (perjuicio de S/ 26 millones), Comunicaciones con S/ 11 millones (perjuicio de S/ 8 millones) y el resto de sectores con S/ 1,973 millones (perjuicio de S/ 476 millones).
Resultados del control simultáneo
Adicionalmente a los servicios de control posterior, la Contraloría General de la República también realizó 27,587 servicios de control simultáneo durante el año pasado. Como resultado de este tipo de control gubernamental, que consiste en realizar un acompañamiento a la ejecución de las intervenciones públicas, de detectaron 42,563 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.
Sin embargo, el contralor Shack lamentó que las alertas hechas por la Contraloría no hayan tenido eco en los gestores públicos, ya que 17,379 situaciones adversas (41%) no han sido corregidas y en 13,551 (32%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 11,032 situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.
Asimismo, resaltó que, entre las situaciones adversas sin acciones, la mayor parte corresponden a entidades de los Gobiernos Locales con 75% (10,119), y la misma figura ocurre con las situaciones adversas no corregidas, aunque el porcentaje llega a 79% (13,643).
Agenda de Control 2023
Shack Yalta adelantó que para el año 2023, el máximo ente del Sistema Nacional de Control tiene programado realizar 40,022 servicios de control, de los cuales 27,426 corresponden al control simultáneo, 12,441 a control posterior y 121 informes de control previo.
En dicha programación figuran cinco grandes megaoperativos a nivel nacional y entre los cuales figura la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.
Asimismo, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional. Finalmente, también se realizará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.
