Durante la administración del presidente Pedro Castillo ya hay 34 nuevos conflictos y solo se han solucionado cuatro.
Desde el inicio del actual gobierno, la gestión de la conflictividad social en el Perú se ha venido politizando de modo tal que ya no es efectivo, sino que se ha vuelto perjudicial para el país, causando estragos en sectores estratégicos como la industria minera, clave para la economía nacional.
Así lo consideró Jaime de Althaus, director de la consultora Diálogo Social, en el marco del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), donde brindó la conferencia “Los conflictos mineros y sus vasos comunicantes”, junto a Iván Arenas, representante de la misma organización.
Un ejemplo de ello viene sucediendo con el Ministerio de Energía y Minas, donde ha habido una purga y se han retirado a técnicos y funcionarios especializados de la Oficina de Gestión Social para colocar a militantes de Perú Libre o afines a los partidos políticos de izquierda, sin las competencias requeridas.
“Ha comenzado una purga y han salido como 65 personas y van a salir como 100 o más contratados por la anterior jefatura. Aparentemente una de las consignas que manejan es apoyar la minería informal para que las empresas formales les compren a los informales”, refirió.
Además del Minem se viene dando el copamiento en otros puntos estratégicos del Estado relacionados con el manejo de conflictos como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Interior, entre otros, indicó Althaus.
Vasos comunicantes
Althaus señaló que junto a ello existe una red de instituciones (Red Muqui, Cooperacción, etc) y operadores políticos expertos en generar conflictos, los cuales actúan como vasos comunicantes, que como en la física están unidos entre sí y tienen un objetivo en común, y que vienen desestabilizando a la gran minería a nivel nacional.
“Los vasos comunicantes suelen utilizar discursos con cuatro ideas fuerza para defender su posición: cabecera de cuenca (agro sí, mina no), beneficios económicos y contaminación por metales pesados”, refirió.
Indicó que en regiones como Ayacucho el discurso de los vasos comunicantes gira en torno a las cabeceras de cuenca; en Cusco, metales pesados y rentas económicas; y en Arequipa, contaminación del agua, precisó.
“Las regiones del sur están muy bien articuladas por operadores e instituciones. Estos poseen varios discursos y han sido responsables del aumento de los conflictos durante los últimos seis meses”, analizó Jaime De Althaus.
“En Cusco, recientemente, se realizó el bloqueo del corredor minero que ha impedido las actividades comerciales de Las Bambas. Las comunidades exigen renta minera, resarcimiento económico y reclasificación de la vía”, explicó Jaime De Althaus.
Althaus remarcó que en todas las zonas de conflicto hay una desaparición del estado de derecho.
“El Gobierno ha cedido su autoridad ante la presión de comunidades y dirigentes”, refirió Jaime De Althaus.
Remarcó que durante la administración del presidente Pedro Castillo ya hay 34 nuevos conflictos y solo se han solucionado cuatro. “Otros conflictos han escalado. Las promesas del presidente en la etapa electoral serían parte de las causas”, atribuyó Jaime De Althaus.
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