Senace tendrá más herramientas para promover inversiones sostenibles.
El Poder Ejecutivo emitió una norma que fortalecerá y otorgará mayor eficacia a los procesos de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y sus modificatorias (MEIA-d) a cargo del Senace, para dinamizar las inversiones sostenibles en beneficio del crecimiento económico del país.
El Decreto Supremo N° 013-2023-MINAM, publicado el 30 de diciembre reciente, establece disposiciones complementarias para la aplicación del artículo 21 de la Ley N° 30230 que simplifica procedimientos y permisos para la inversión. Entre otros aspectos, establece un esquema de articulación progresivo con las entidades que actúan como opinantes técnicos vinculantes.
Bajo este mecanismo, el Senace, atendiendo a la identificación de proyectos priorizados por las autoridades sectoriales, determina los proyectos que ingresarán al esquema de articulación a fin de mejorar la consistencia de los procesos de evaluación del impacto ambiental, así como la labor de los comisionados de las entidades opinantes, con miras a fortalecer la consistencia técnica entre entidades y, en consecuencia, dar celeridad al trámite.
La norma además optimiza los procesos de certificación ambiental respecto de los EIA sin categoría, la admisibilidad de solicitudes de evaluación de estudios e instrumentos ambientales complementarios; las solicitudes de opiniones técnicas no vinculantes, el otorgamiento de códigos de certificación ambiental QR; entre otras medidas para incrementar la eficiencia y eficacia de la evaluación ambiental.
Asimismo, se incorporan medidas referidas a la suspensión de la inscripción de las consultoras ambientales por infracciones identificadas y ante la reincidencia en la comisión de faltas.
Sobre el Senace
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Evalúa la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país, con solidez técnica y participación ciudadana efectiva, generando confianza de la población en el proceso de evaluación ambiental.
