La medida mantendrá la suspensión de las libertades civiles como el libre tránsito en varias zonas del país, incluidas en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa por donde se ubica el llamado corredor minero en Perú, que estará bajo el control de la policía y el Ejército.
Reuters.- Perú extendió por 30 días el estado de emergencia en las principales redes viales del país, incluyendo una carretera usada por importantes productoras de cobre, dijo el miércoles el primer ministro, en momentos en que se esperan para la próxima semana nuevas protestas contra el Gobierno.
Las protestas se apoderaron de Perú desde diciembre hasta marzo después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y arrestado, luego de intentar de forma ilegal disolver el Congreso. Tras la expulsión, su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder para cumplir el mandato presidencial.
La medida de emergencia mantendrá por ese periodo la suspensión de las libertades civiles como el libre tránsito en varias zonas del país, incluidas en las regiones de Apurimac, Cusco y Arequipa por donde se ubica el llamado corredor minero en Perú, que estará bajo el control de la policía y el Ejército.
«Ello con la finalidad de garantizar la libre circulación de personas por las fiestas patrias (…) y para garantizar el derecho a la libre movilización de personas especialmente la próxima semana», dijo a periodistas el primer ministro Alberto Otárola.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
Por el corredor fluyen hasta la costa los concentrados de cobre para su exportación, un metal que producen empresas como Las Bambas de la china MMG, Antapaccay de Glencore y Constancia de Hudbay, entre otras.
Estas firmas suspendieron por varias semanas sus faenas por bloqueos de carreteras a inicios del año, en medio de protestas contra la presidenta Boluarte que dejaron decenas de muertos.
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Diversos grupos de izquierda y sindicatos de Perú han anunciado recientemente el reinicio de protestas desde el 19 de julio, para insistir en la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.
«LA TOMA DE LIMA»
Los organizadores de las nuevas protestas, a las que han denominado «La tercera toma de Lima», afirman que movilizarán hacia la capital de Perú a miles de personas, principalmente del sur de la nación y donde se ubican las mayores minas.
Boluarte debe exponer en el Congreso su plan de gobierno el 28 de julio, como lo hacen cada año los mandatarios cuando se conmemora un aniversario más de la Independencia de Perú.
La policía ha anunciado que desplegará a 8.000 agentes para evitar posibles disturbios y que ya está controlando el ingreso a la ciudad de Lima de ciudadanos desde el interior del país.
«Que protesten, se manifiesten, pero que respeten las leyes», dijo el ministro de Interior, Vicente Romero, en referencia a eventuales ataques a la propiedad pública o privada.
«Hemos tomado todas las medidas necesarias, los aeropuertos y carreteras están controladas en estos momentos», agregó, tras una cita con gremios de empresarios que rechazaron las protestas y que han mostrado su pleno respaldo al gobierno de Boluarte.
La presidenta peruana manifestó en junio que el tema de comicios anticipados es un «caso cerrado» y que gobernará hasta julio del 2026, como estipula el actual mandato gubernamental.
Organismos de derechos humanos afirman que en la última ola de protestas se cometieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales.
Boluarte, cuya popularidad cayó a su peor nivel a 12% en junio según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, esta siendo investigada de forma preliminar por la fiscalía por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» por las muertes en las protestas.
