Propuso también que se evalúe la creación de una Defensoría Ciudadana para evitar disturbios que perjudiquen a las actividades económicas y sociales en el Corredor Minero del Sur.
Durante su participación en Rumbo a PERUMIN – Edición Centro, Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, mostró su descontento por la actual gestión de los recursos del canon y regalías mineras, de los cuales el 30% se queda sin ejecutar y es devuelto al tesoro público.
Para el ejecutivo, los recursos no ejecutados son una oportunidad perdida de inversión en proyectos y obras sociales para la mayor cobertura de servicios básicos y la generación de empleo formal; empero, la poca preparación de las autoridades y la incapacidad de gestión pública son los principales escollos.
A fin de revertir la situación de poca eficiencia en el manejo del presupuesto público local financiado principalmente con las transferencias mineras, propuso crear un fideicomiso que administre de manera autónoma este dinero y destine correctamente a obras de envergadura previa planificación.
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“El fideicomiso debe ser una institución autónoma especializada para ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura, en el que participe el contribuyente y las comunidades, bajo el control permanente del Contraloría. Así que más que una propuesta para Ica, es una propuesta regional en general”, remarcó.
Aparte de su propuesta de fideicomiso, Fernando Cillóniz propuso también que se agilice el proceso de formalización minera y que se evalúe la creación de una Defensoría Ciudadana para evitar disturbios que perjudiquen a las actividades económicas y sociales en el Corredor Minero del Sur.
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Con base en cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el exgobernador regional de Ica señaló que en el 2021, las transferencias del sector minero a las regiones del Perú por conceptos del canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad sumaron más de S/ 6,624 millones.
En cuanto al canon minero en específico, indicó que el aporte fue de S/ 2947 millones, monto que representó un incremento de 12.5% con respecto al total del 2020. Los recursos que se transfieren por este concepto se deben traducir en obras y servicios para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.
