Según el Reinfo, son 87,082 personas que se encuentran inscritas, de las cuales, 14,766 están en proceso de formalización y el 72,316 están suspendidas.
La industria minera es un sector que impulsa en gran porcentaje la economía del Perú. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de proponer y aprobar medidas contra la informalidad y las actividades ilegales que se realizan en diferentes zonas.
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), informó que, en los últimos años, la minería ilegal ha representado una pérdida importante de ingresos para el Estado, equivalente al 2.5% del PBI anual (S/ 22,700 millones al año).
Entre las medidas que debe tomar el Gobierno, está el no aperturar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque en la actualidad está en debate en el Congreso, sería una medida que impacte negativamente en las inversiones mineras y que genere una entrada a la minería ilegal.
“Abrir el Reinfo nuevamente genera un problema tremendo porque los mineros ilegales se disfrazan de mineros informales y no se les puede sancionar. No debería abrirse este proceso. El Poder Judicial y el Ministerio de Energía y Minas deberían impulsar los procesos ordinarios, es decir, que primero se cumpla con la ley y luego que se opere”, dijo César Ipenza, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, para el diario Gestión.
Por su parte, Aarón Quiñón, investigador del CEMS de la Universidad del Pacífico, considera que, así como están las condiciones actualmente, una ampliación de Reinfo no funcionará.
“Creemos que la discusión debería ser más amplia y proponer un nuevo proceso de formalización integral que supere los obstáculos que tiene el proceso ordinario de formalización”, anotó.
Actualmente, según el Reinfo, son 87,082 personas que se encuentran inscritas, de las cuales, 14,766 están en proceso de formalización y el 72,316 están suspendidas.
«El Reinfo ya no debería continuar ampliándose ni permitiendo que se incorporen más personas con solo la inscripción porque cuando uno se inscribe, tiene que cumplir con algunas condiciones que son pequeñas: tener un instrumento de gestión ambiental, inscribirse en un registro único y señalar cuál es su producción”, precisó Grossheim.
Formalización minera
Según la ley, el proceso de formalización minera es hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que Ipeza recomendó “no dilatarlo más. Los mineros que quieren realizar alguna actividad minera deberían hacerlo de manera ordinaria. Primero deben cumplir la ley y luego operar”.
Además, reconoció que, con respecto al impacto de la minería artesanal y la de pequeña escala, emplea mucho más que la minería a mediana y gran escala porque es un sector que mueve entre 200,000 a 500,000 personas.
“Si esta minería artesanal en proceso de formalización culminara el proceso y llega a ser formal, las estimaciones podrían tener ente 1 y 1.6% del PBI nacional, que es un aporte muy importante a nivel nacional, solo si terminan de formalizarse. Si esta minería tuviese acceso a mercados competitivos a nivel internacional, el impacto podría ser mayor”, agregó Quiñón.
Incentivos para acelerar la formalización
Quiñón mencionó que una estrategia de formalización en la minería no solo debe determinar cuáles son los requisitos a cumplir, sino también se debe motivar a que se culmine el proceso.
Es decir, “los mineros artesanales puedan acceder a cadenas de valor sustentables, responsables, que sean un beneficio económico para ellos. Esta es una estrategia diferente que se tiene que seguir para la erradicación de la minería ilegal”.
Ello debería verse reflejado en el presupuesto que dispone el Estado. Según el experto, se destinó S/ 86 millones a la erradicación de la minería ilegal en el 2023; mientras que para la formalización, apenas S/ 24 millones.
Por ello, menciona que el enfoque debería situarse también en el segundo punto porque “una de las consecuencias de no formalizar es el aumento de la ilegalidad y de la criminalidad, que es lo que estamos viendo en Pataz, Arequipa y Madre de Dios”.
Desarrollo institucional
Actualmente, la minería pequeña o artesanal está bajo fiscalización de los gobiernos regionales. Grossheim manifestó que estas autoridades no cuentan con las capacidades y los recursos para poder hacerlo como corresponde.
Por ello, deben fortalecerse estas direcciones y realizar acciones conjuntas a través de convenios como Osinergmin, Oefa, Sunafil, para que “realmente entidades especializadas pueden realizar la supervisión y fiscalización y si cumplen con los requisitos de la MAPE”.
Asimismo, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también podría trabajar con las autoridades mencionadas, en el caso de que haya actividades sospechosas relacionadas como el lavado de activos.
