La tramitología y conflictividad social son los dos principales desafíos que dificultan la puesta en marcha de los proyectos (más del 50% están paralizados por estos motivos, según estudio de IPE realizado en 2023).
En base al estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas, señaló que, en el Perú las medidas de formalización no han tenido éxito, debido a que no han sido consistentes en el tiempo y han ampliado sus plazos.
“Como el PERÚ CON EL REINFO ha habido experiencias en otros países, y estos aplazamientos de los límites que habían establecido ha permitido el trabajo ilegal bajo un manto de legalidad. Las políticas punitivas adoptadas han sido importantes y han tenido algún tipo de efectos, pero no han sido consistentes”, indicó.
El estudio mencionado identifica acciones similares de los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia, frente a la minería ilegal. A su vez, determina qué las medidas adoptadas por dichos países han resultado ineficientes.
“Tampoco hemos tenido una política de trazabilidad, lo cual ha significado que ha habido mucho contrabando y muchas alternativas para seguir operando. Venimos hablando de como en un contexto de altos precios de los minerales, la minería formal en el Perú ha tenido dificultades para desplegar inversiones y poner en marcha los grandes proyectos”, DIJo Fuentes.
Proyectos mineros
Para el gerente de Políticas Públicas del IPE, tener una cartera de proyectos mineros por más de US$ 55 mil millones podría dinamizar fuertemente el empleo, la economía, y generar recursos fiscales que van a ser valiosos para impulsar el desarrollo del país.
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En este sentido, mencionó que la tramitología y la conflictividad social son los dos principales desafíos que dificultan la puesta en marcha de los proyectos (más del 50% están paralizados por estos motivos, según estudio de IPE realizado en 2023).
“Más de una decena de proyectos tienen más de 10 años de retraso. La puesta en marcha de estos proyectos debería ser prioridad número uno, después de un 2023 marcado por una caída en el crecimiento económico tras más de 25 años, y un retroceso también del empleo”, expresó.
Tramitología
En cuanto a la tramitología, afirmó que, en los últimos 30 años la cadena de valor minera desde la fase de exploración hasta la fase de cierre se ha multiplicado por 27. “Hoy para poder operar necesitamos más de 230 procedimientos administrativos, que involucran 430 normas y 30 instituciones, 29 públicas y una sin fines de lucro”, dijo.
Como alternativa de solución, comentó que debería haber un espacio de reflexión respecto a que trámites y procedimientos administrativos son importantes, cuales no lo son, cuales habría que simplificar, e incluso cuales habría que eliminar.
“No estamos buscando que la regulación sea más laxa, o que se fiscalice y monitoree menos. La misma regulación se aplica en otros países mineros clave en el mundo. Lo único que se busca es que se cumpla lo que está en la norma, QUE los procedimientos se cumplan en el plazo que deberían, con la razonabilidad de quienes lo van a revisar”, concluyó.
