Para el analista político, «necesitamos un sistema de trazabilidad del oro en Ecuador, Bolivia, Brasil, que ayude a combatir la criminalidad».
Iván Arenas, analista político y especialista en comunicación y minería, aseguró, en entrevista exclusiva con Rumbo Minero, que la minería ilegal es un problema social y a la vez económico, pero que pronto se convertirá en un problema político.
«Hay una línea delgada entre las vías de formalización y la minería ilegal. Es un problema social y a la vez económico, pero que pronto se convertirá en un problema político», dijo.
Ante la convocatoria de la Federación Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de Puno (Fermipep) y la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confeminp) a una marcha nacional en Lima para el 22 de enero en rechazo al decreto legislativo 1607, Arenas señaló que deben entender que el proceso de formalización tiene que continuar.
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Cabe mencionar que este decreto excluye del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al 80% de los mineros artesanales suspendidos durante 90 días, dejándolos en la informalidad y exponiéndolos a persecución penal.
La norma, vigente desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024, ha generado preocupación en el sector minero artesanal de todo el país. Los mineros coordinan acciones de movilización y exigirán la derogatoria del decreto ante el Congreso y el Ejecutivo.
«Este gremios tienen que entender que el proceso de formalización tiene que continuar y tiene que agruparlos a todos evidentemente. Ellos propiamente tienen que separar la paja del trigo, pero el gobierno tiene que entender que la política integral de formalización también depende de otros actores incluido la voluntad política del gobierno», apuntó.
Además, «creo que si el gobierno continúa así, con 25 a 30 mil personas en la calle marchando, el gobierno va a terminar reculando y al final no tendremos nada. Creo que el gobierno se está equivocando con la oportunidad que pueda tener».
Análisis
Al ser consultado sobre el actual panorama de Minera Poderosa y el último atentado que sufrieron, Arenas recordó que existe una declaratoria de emergencia, pero todavía no se avanza mucho a pesar del trabajo laborioso que realiza la Policía Nacional del Perú.
«Hay síntomas de que la criminalidad aún existe, es un problema que la PNP no podrá acabarlo sola. En la empresa hay una relativa calma, pero el tema sigue fresco. En medida de que no se terminen las cadenas que involucran a la minería ilegal (lavado de activos, corrupción y logística), va a continuar», lamentó.
Seguidamente, lamentó que «la cadena de corrupción es amplia. Empieza probablemente con las direcciones regionales de minería, no te digo que todas pero sí algunas importantes como Arequipa y Puno».
«Hay pocos recursos humanos y económicos, hay S/ 17 millones para fiscalización de todos lo gobiernos regionales, eso implica que hayan 3 a 4 personas para esas labores, implica además que no se revisen los instrumentos de gestión ambiental», detalló.
Ejemplificó que «Arequipa tiene alrededor de 4 mil de expedientes por revisar y se estima que este año se revisarán apenas 100».
En otro momento, el especialista enfatizó en dos temas: políticas internas a nivel de países y una línea de trazabilidad del oro. En ese sentido, recordó que «Perú produce alrededor de 170 toneladas de oro de la minería informal, 50 se van por Bolivia y Brasil, y 120 por las Aduanas. Lo que te quiero decir es que necesitamos un sistema de trazabilidad del oro en Ecuador, Bolivia, Brasil, que ayude a combatir la criminalidad. Uno no pueda entender la criminalidad sin entender el narcotráfico y el oro ilegal».
«Es absolutamente inviable el país si no entendemos que necesitamos un proceso de formalización que sea consciente, real y honesto, y que todos pongan de su parte, tanto los mineros informales como el gobierno y el Parlamento», finalizó.
