El ejecutivo indicó que «es esencial que el Estado cumpla con su responsabilidad de velar por la seguridad y hacerla cumplir en todas las regiones del país, sobre todo en las más convulsionadas, sin importar su ubicación geográfica».
En Huamachuco, aquel que no ha experimentado o escuchado sobre el accionar de la minería ilegal, se puede considerar afortunado. Y es que, en La Libertad, principalmente en este distrito que pertenece a la provincia de Sánchez Carrión, esta actividad colinda con el crimen organizado, trayendo desde víctimas mortales, hasta atentados en contra de funcionarios del Gobierno Regional.
El avance la de minería ilegal, actividad que genera pérdidas al país por alrededor de S/ 23 mil millones, equivalente a 2,5% del PBI, según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es una amenaza tangible para la seguridad de las operaciones mineras formales y para la sostenibilidad ambiental de las áreas afectadas.
El Estado ha tomado algunas acciones. La declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Pataz es un ejemplo de ello; sin embargo, esto no es suficiente. Actualmente, mineros ilegales, que ejercen esta actividad en dicha provincia, están migrando de manera progresiva a Huamachuco, obstaculizando el crecimiento económico y poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores de mineras formales y la comunidad en general.
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Ante esta situación, es imperativo que se replique la medida del estado de emergencia tomada por el gobierno. No es un secreto que esta acción se considere como última opción después de que se hayan agotado todas las negociaciones y las comisiones de alto nivel que se establecen para abordar un escenario en específico, no obstante, la situación es insostenible.
Declarar en emergencia a Huamachuco permitirá que las autoridades tomen medidas decisivas contra la minería ilegal y puedan asegurar un entorno seguro para las operaciones formales. Es esencial que el Estado cumpla con su responsabilidad de velar por la seguridad y hacerla cumplir en todas las regiones del país, sobre todo en las más convulsionadas, sin importar su ubicación geográfica.
El trabajo en conjunto entre el Estado, las empresas mineras y la sociedad civil, permitirá encontrar soluciones integrales que promuevan un desarrollo minero responsable, respetuoso con el ambiente y beneficioso para todos los actores involucrados en esta actividad. Solo mediante un enfoque colaborativo y orientado al bien común podremos superar los desafíos actuales y construir un futuro próspero y sostenible para la minería en el país.
