Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la «Toma de Lima», y la policía ha anunciado el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad.
Reuters.- Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, llegaron a la capital Lima para una planeada gran marcha el jueves contra el Gobierno y el Congreso, radicalizando su postura luego de más de 50 muertes vinculadas a protestas que comenzaron en diciembre.
Los enfrentamientos marcan la peor violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes en su mayoría de regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado que se remonta desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
En buses y a pie, miles han viajado a la capital peruana, portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.
Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la «Toma de Lima», y la policía ha anunciado el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.
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El jefe de la Región Policial Lima, Víctor Zanabria, informó por Twitter que el número de policías que custodiará las movilizaciones del jueves es de 11.800 agentes.
«Esto no afectará el normal funcionamiento de las comisarías, cuyo personal se mantendrá en sus labores», indicó.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.
DESPLIEGUE DE FISCALES
Imágenes de la televisión local mostraron a trabajadores «tapiando» con madera la fachada de algunos negocios en los distritos residenciales de Miraflores y San Isidro, en previsión de ataques. El miércoles por la noche manifestantes arrojaron piedras a la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos.
El Ministerio Público anunció por Twitter el despliegue de 50 fiscales «para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica».
Las protestas estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En los disturbios 43 personas han muerto en choques con la policía, y otros nueve más han fallecido en accidentes relacionados a las protestas.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.
Boluarte ha pedido «perdón» por las muertes en las protestas pero ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.
Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando «asesina» a Boluarte y calificando como «masacres» las acciones de la policía.
Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días permanecían el jueves en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para albergar a los manifestantes.
