El analista señaló que el sector no “tiene competencia” en ese aspecto y “es hora de que el país tenga una sola metodología de medición de los conflictos sociales”.
El especialista en comunicación y minería, Iván Arenas, sostuvo, en entrevista exclusiva con Rumbo Minero, que es preocupante la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para estandarizar la declaración sobre los compromisos sociales de las empresas mineras.
Estandarización de información
De acuerdo con la Resolución N° 286-2023-Minem/DM, el Minem aprobó el formato unificado para la declaración de cumplimiento de los compromisos sociales voluntarios de las operaciones mineras, de hidrocarburos y de electricidad.
La finalidad es que el sector realice un mejor seguimiento de los compromisos sociales adoptados, al contar con un documento que permita a los titulares declarar las actividades que ejecutan en sus áreas de influencia social y el avance porcentual en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
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Arenas dijo que ya existen compromisos que están normalizados como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con acuerdos ambientales y sociales que las mineras tienen que cumplir.
“Este formulario generaría que una información sensible de las empresas o las propias comunidades, como por ejemplo el alquiler con proveedores, pueda escaparse. Es preocupante que el Minem haya declarado esto”, sostuvo Arenas.
Sin competencia
El analista político añadió que “la misma normativa dice que el Minem no tiene competencia para fiscalizar ni sancionar”. De este modo, “existe ahí un vacío legal”.
Resaltó que lo que busca el Estado a través del Minem es obtener la información de las empresas que “es muy sensible”, porque los conflictos sociales suceden por un desacuerdo en los compromisos sociales que tienen las mineras con las comunidades.
“Y eso normalmente no es así. Cuando tú ves que el 73%, según la Defensoría del Pueblo, son conflictos socioambientales, pero muchos de esos compromisos parten de los intereses ajenos a las comunidades”, cuestionó.
Arenas detalló que la omisión a la presentación de esta declaración no acarrea sanciones, ya que es voluntario.
“Puede presentar algunos compromisos y no puede presentar el detalle”, pero que sí puede traer conflictos cuando las comunidades comparen los acuerdos que brindan otras compañías mineras en sus zonas de influencia.
Instó a la cartera de Óscar Vera debe suspender la resolución y tener una mirada más amplia en este tema.
“Por lo menos ponerlo en stand by y discutirlo con las empresas. Es hora de que el país tenga una sola metodología de medición de los conflictos sociales, ya que no funciona la que hace la Defensoría del Pueblo, porque si nos vamos a basar en ella, el inversor va a quedarse con la idea de que este país está convulso”, finalizó.
