Gremio empresarial sostuvo que solo así se garantiza una discusión transparente de las medidas que involucrará el pedido de facultades legislativas.
Es necesaria una reforma tributaria que reactive la economía, pero esta debe pasar por un debate en el Congreso de la República, para garantizar una discusión transparente de las medidas que plantea el Poder Ejecutivo, así lo señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“La capacidad de legislar en materia tributaria le corresponde originariamente al Congreso, y el Congreso debería ejercerla sobre todo si se trata de una reforma integral del sistema tributario”, explicó el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, respecto a las facultades legislativas que solicitará el Ejecutivo.
Asimismo, indicó que el Ejecutivo sí puede legislar en materia tributaria, pero de manera excepcional, en la medida en que el Poder Legislativo le otorgue facultades, las cuales tienen que ser muy específicas.
Por ello, lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar sus proyectos de ley ante el Congreso, para que se debata cada uno de ellos en el Pleno y se vea si son lo mejor para el país, precisó López.
Controversias tributarias
De otro lado, sobre el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, de la creación de juzgados especializadas en temas tributarios y aduaneros para resolver controversias, López sostuvo que estos serán solo un paliativo insuficiente, pues no atacan el problema de fondo que es evitar estos procesos y resolverlos en menores plazos de tiempo.
Refirió que, según un estudio que hizo Macroconsult a pedido de la CCL, hay una deuda tributaria de cercana a los S/ 118.000 millones, de la cual casi S/ 40.000 millones está en controversia, es decir, que el Estado no necesariamente va a terminar cobrando porque podría perder el litigio.
Agregó que no hay mecanismos que incentiven evitar estas controversias, por eso los esfuerzos deberían ir en ese sentido.
Leonardo López recordó que en el Congreso anterior se presentó un proyecto de ley para que los contribuyentes que tienen litigios, desistan de sus procesos a cambio de reducirles la deuda.
Así, el Estado podría aumentar los ingresos fiscales necesarios para la reactivación del país.
