ECONOMÍA. El país podría contar con mayores proyectos de inversión si el Estado tuviera la decisión de resolver algunos retrasos en el diseño y renegociación de los contratos de concesión que están supervisados por los organismos reguladores, afirmó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.
«Hay algunas demoras por parte de los reguladores en el momento de interpretar los contratos. Esto se debe a que ha aumentado el espectro de variables contractuales sobre los cuales el regulador emite opinión (aunque de manera no vinculante), dando lugar a retrasos innecesarios en el diseño de contratos y en las renegociaciones de los mismos (adendas)», precisó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP.
Explicó que los retrasos sucederían debido al temor de los funcionarios de los ministerios de contradecir la opinión, aunque no vinculante, del regulador, y tener problemas posteriores con la Contraloría General de la República.
Además existe la percepción de que los funcionarios encargados de los contratos tienen experiencia más de administradores de contratos (con el objetivo del cumplimiento cabal de las cláusulas) que de negociadores (por ejemplo, al momento de debatir las renegociaciones del mismo).
TRABAS BUROCRÁTICAS
Otro aspecto responde a las trabas burocráticas que surgen por demora en el otorgamiento de permisos, inclusión de nuevos requisitos, superposición de opiniones, entre otros.
Así también existen demoras en los procesos de expropiación de terrenos por parte del Estado lo que limita el inicio de los proyectos o paralización de los mismos haciendo que se incremente paulatinamente el costo de las concesiones.
Finalmente, Peñaranda advirtió que la deficiente capacidad gerencial en los gobiernos regionales y locales impide llevar adelante proyectos en la modalidad de APP.
«No se cuenta con las competencias para cumplir los procesos que exige la ley, la participación de los organismos reguladores es necesaria para garantizar el cumplimiento de los contratos en distintos aspectos, sin embargo esto no es posible debido a que su competencia está limitada a proyectos de alcance nacional, sin poder regular y supervisar proyectos de infraestructura de alcance regional y local», anotó.
Cabe precisar que entre el 2006 y 2014 el Estado peruano ha adjudicado un total de 92 contratos de concesión para la prestación de servicios y construcción de infraestructura pública con participación privada a través de privatizaciones, concesiones y en la modalidad de las Asociaciones Público – Privadas (APP) por un monto total de 65 049 millones de soles.
En el quinquenio 2006 – 2010 se suscribieron un total de 43 contratos que significaron compromisos de inversión por 14 215 millones de soles y entre 2011 al 2014 los contratos sumaron 49 por un monto de 50 834 millones de soles.
Fuente: Prensa CCL
