ESTADO. Defensoría del Pueblo: En enero se registraron 180 conflictos sociales. A través de su Reporte de Conflictos Sociales N° 179, la Defensoría del Pueblo indicó que en enero de este año se registraron 180 conflictos sociales, de los cuales 133 están en activos y 47, latentes.
«Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron cinco casos nuevos, se resolvieron dos y cuatro fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada», informó la entidad.
Asimismo, precisó que uno de los casos se registró en Apurímac, en el que la comunidad de Choquecca Antio y Antuyo mantienen una controversia respecto al pago por derecho de vía que efectuó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de Choquecca Antio. Otro de los casos se suscitó en Pasco, donde la comunidad campesina de Pampania exige el cumplimiento del convenio suscrito con la empresa minera Glore Perú S.A.C.
«Además, en Loreto se registraron dos casos. Uno está relacionado a la comunidad nativa de Santa Rosa y el derrame de petróleo del 1 de enero de 2019 en el Oleoducto Norperuano; y otro vinculado a las demandas presentadas por la Federación de Comunidades Nativas del Río Marañón y Chambira – Feconamach. Un quinto caso se reportó en San Martín, donde la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu enfrenta discrepancias internas en el proceso de titulación», detalló.
En lo que respecta a casos resueltos, la Defensoría del Pueblo resaltó que dos conflictos sociales en Áncash y Ucayali. El primero se resolvió mediante un proceso de diálogo entre las partes involucradas, y el segundo a través de la proclamación de la nueva autoridad local
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Áncash continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (24 casos), seguida de Puno (17) y Cusco (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.9%). En relación a las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (63.5% de los casos socioambientales).
Del total de casos activos, el 59.4% (79 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 67 de ellos.
Por otro lado, se registró 158 acciones colectivas de protesta durante el mes. Doce más que el mes anterior y 44 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del último año.
«En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 17 alertas, para que se actúe en el marco de sus correspondientes competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cinco casos son nuevos, seis son activos y seis son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales», puntualizó la Defensoría del Pueblo.
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(TCP)
