Miranda & Amado señala que esta medida no tendría un gran impacto en el universo de trabajadores y solo beneficiará a quienes laboren en empresas formales.
En esta segunda quincena de enero se discutirá en el Consejo Nacional del Trabajo -que congrega a empresarios, trabajadores y entidades del sector público- el aumento de la remuneración mínima vital (hoy en S/ 930), según lo anunciado por la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.
Pero ¿cuáles serán los efectos de esta posible medida? Para Eric Castro, socio de Miranda & Amado, y Luis Santa Cruz, consejero del mismo estudio, el principal impacto será el incremento de la informalidad, ya que no afectará a las medianas y grandes empresas, que tienen sueldos promedio por encima del mínimo vital, sino a las pequeñas y microempresas.
“En el caso de los sectores económicos y regiones en los que el índice de informalidad es alto, el incremento del sueldo mínimo solo desincentiva -abiertamente- el paso a la formalidad, al incrementarse los costos laborales de manera directa”, afirman.
Además, para los empleadores formales que -por efectos de la pandemia y la situación económica que vive el país vienen teniendo complicaciones para pagar lo establecido legalmente- dicho incremento podría significarles incurrir en incumplimientos o retrasos en los pagos, sostienen. “Obviamente, para adecuarse a la norma tendría que incrementar sus costos, lo cual le resta competitividad y, en el peor de los escenarios, lo sacan del mercado”, acotan.
De esta forma, enfatizan que se genera el incentivo perfecto para la contratación de trabajadores fuera de planilla, sin beneficios completos y, de pronto, sin cumplir con otras normas laborales, tales como las de seguridad y salud en el trabajo, lo cual genera mayor informalidad.
“Beneficio de pocos”
Los especialistas en materia laboral reafirman que el incremento del sueldo mínimo solamente beneficiará a aquellos trabajadores que se encuentran en empresas formales que pagan actualmente el mínimo vital y que están en capacidad de asumir este nuevo gasto.
Destacan que, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los sectores económicos el promedio de remuneraciones ya se encuentra por encima del actual mínimo vital (S/ 930) de acuerdo con el Anuario Estadístico 2020 del Ministerio de Trabajo publicado en el mes de julio del 2021.
En ese sentido, un incremento del mínimo vital no tendría impacto en un gran universo de trabajadores.
“El formal no solamente está más expuesto a las revisiones por parte de las Autoridades, también tiene que competir contra las empresas informales que no pagan beneficios completos a sus trabajadores, que no respetan las condiciones laborales mínimas y no realizan contribuciones a la seguridad social.
En tal sentido, crece el incentivo para ser informal de lo contrario, se corre el riesgo de que termine saliendo del mercado”, puntualizan.
Impacto en la generación de empleo
De otro lado, Castro y Santa Cruz comentan que, si la empresa formal no puede mantener sus nuevos costos laborales, corre el riesgo de salir del mercado y, con ello, se limita la posibilidad de contratación de nuevos trabajadores o se fomenta, de forma indirecta, el despido de aquellos con los que actualmente se cuenta.
En tanto, en los casos de empleadores que optan por el camino de la informalidad, no afecta la generación de empleo, pero incentiva la generación de empleo informal en detrimento del formal, precisan.
“El empleador que requiera contratar personal, pero no pueda pagar la nueva remuneración mínima porque no esté dentro de sus posibilidades, procederá a utilizar formas de contratación que se encuentren al margen de la legislación laboral y, por ende, con derechos reducidos o sin derechos laborales”, aseveran.
Criterios y foco del Gobierno
De darse este incremento, ¿qué criterios se deben tener para ello? Los abogados señalan que la remuneración mínima, además de satisfacer las necesidades de los trabajadores, debe considerar los niveles de productividad y posibilitar alcanzar y mantener un alto nivel de empleo, por lo que el cumplimiento de su finalidad social debe ir necesariamente de la mano con la finalidad económica.
Recuerdan que, actualmente, el país está en medio de una crisis económica y sanitaria que afecta a todos, en mayor o menor medida; por ello, no es el mejor momento de hacer un ajuste a la remuneración mínima.
“En el 2020 se equipararon derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar y el promedio de sus ingresos es muy cercano al mínimo vital, ¿un incremento de la remuneración fomentará el empleo formal en este sector? Así, creemos que, como en este, podrían existir otros sectores más flexibles para realizar estos ajustes”, consideran.
Recomiendan que más allá del incremento de sueldo, el Gobierno debería enfocarse en tres elementos en materia laboral: incentivos para la formalización de las empresas, con énfasis en el micro y pequeño empresario; dotar a la inspección laboral de mayores recursos para posibilitar la formalización de las empresas y, por último, revisar medidas que tengan un impacto positivo transversal y que involucre a todos, tales como la mejora del transporte público o de la educación.
