De permitirse el traslado de este costo, el mayor gasto de personal incrementaría la tarifa por facturación de agua y alcantarillado hasta en 28%.
Videnza Consultores analizó el Decreto Supremo N°001-2022-TR, emitido por el MTPE y que prohíbe la tercerización laboral.
Ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Videnza resaltó que la norma no genera una mejora de derechos laborales.
Generará efectos negativos en el corto plazo sobre servicios públicos, el crecimiento económico y el empleo formal.
“Implica una reducción del empleo formal”, señaló Videnza ante esta comisión del Congreso de la República.
Además, indicó que la prohibición de tercerizar actividades del “núcleo del negocio” constituye una regulación ajena al estándar internacional.
“No existe definición expresa internacional de este concepto”, subrayó.
De igual manera, la consultora enfocó su análisis sobre las afectaciones en empresas públicas.
SEDAPAL
Así, en el caso del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), Videnza precisó que la empresa pública terceriza los servicios de mantenimiento y operación de líneas de distribución.
También los servicios de suministro e instalación de medidores; lectura de medidores; plataforma de atención al público y actividades complementarias.
Igualmente, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura; servicios de control de estaciones de bombeo; servicio de atención del Contact Center.
Tras ello, estimó que SEDAPAL tiene 7.400 personas que realizan servicios de tercerización.
“Incorporar ese número de personas en planilla generaría un costo adicional anual por S/ 524 millones”.
Además, consideró que, de aprobarse el traslado de este costo, el mayor gasto de personal incrementaría la tarifa por facturación de agua y alcantarillado hasta en 28%.
Asimismo, Videnza Consultores recordó a los congresistas que Sedapal viene implementado un paquete de proyectos de inversión por más de S/ 5.000 millones hasta el 2025.
Y que este año se prevé culminar la licitación de proyectos por S/ 2.000 millones a través de UNOPS.
En tanto, aún quedan 800.000 personas sin servicios de agua y desagüe en Lima Metropolitana; por lo que generar este costo adicional se estaría arriesgando el acceso de la población más vulnerables.
Situación de las EPS
Otra consecuencia de prohibir la tercerización laboral en empresas públicas sería un impacto directo sobre la solvencia de las EPS.
Cabe recordar que actualmente en el Perú hay 49 EPS, las cuales tienen 1.800 trabajadores en planilla y tercerizan a 2.800.
De este número, 19 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), el cual busca el reflotamiento de dichas empresas a través de la sostenibilidad económica-financiera, la sostenibilidad en la gestión empresarial y la sostenibilidad de la prestación de los servicios.
Sobre ello, se debe tener presente que el RAT está a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por un periodo máximo de 15 años.
Y SUNASS evalúa a las empresas prestadoras que están en el RAT cada tres años.
Frente a todo ello, para Videnza Consultores, la tercerización alargaría en 10-15 años la recuperación de las empresas en el RAT.
“También afectaría solvencia de otras EPS y la contingencia fiscal sería de S/ 5.000 millones al 2026”, expresó.
