ELECTRICIDAD. APP buscaría fortalecer a las empresas eléctricas estatales mediante proyecto de ley. De acuerdo a la investigación realizada por Rumbo Minero, la agrupación política Alianza por el Progreso (APP) presentó el Proyecto de Ley que buscaría fortalecer las actividades de las empresas eléctricas distribuidoras y comercializadoras estatales en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), simplificando sus procesos administrativos y permitiendo la expansión de sus actividades comerciales para otorgarles competitividad en el mercado.
La iniciativa -registrada con el número 3145-2017- precisó que su aplicación sería a las empresas estatales (de distribución y comercialización de energía eléctrica en el ámbito del FONAFE) que cuenten con accionariado único o mayoritario del Estado y cuya rentabilidad neta haya sido positiva durante los últimos tres ejercicios anuales según sus estados financieros auditados.
Así, la autora de la norma -la parlamentaria Marisol Espinoza- explicó que las medidas planteadas buscarían que la gestión de las empresas, que se encuentran en el ámbito de la Ley, requiere contar con procesos internos que les permita una gestión empresarial acorde con la realidad y que les brinde facilidades para el cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, se propone sean excluidos de las normas de contrataciones con el Estado, del Sistema de Programación INVIERTE.PE así como de las normas y políticas de endeudamiento que no necesiten aval ni garantía por parte del Estado.
«Esta medida no se contrapone con ninguna norma ni política de fiscalización o transparencia, ya que se exige que de la mano a esta modernización deban cumplir con transparentar sus Planeas Anuales de Contrataciones, el estado de sus procesos de inversión, sus estados financieros auditados y los expedientes de sus operaciones de endeudamiento. Asimismo, el Directorio debe aprobar un Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones que debe regirse bajo los principios establecidos en la legislación de la materia, como eficiencia y eficacia», señaló la congresista.
Asimismo, mencionó que en el caso de la distribución de utilidades netas en Proyectos, uno de los principales problemas que se presentan en la actualidad para las empresas de distribución son las limitaciones que tienen para reinvertir las utilidades generadas en proyectos que permitan atender las necesidades de las zonas rurales del país.
«Conforme ha señalado PROINVERSION, en las últimas dos décadas las inversiones de infraestructura no han ido de la mano con los requerimientos para atender la creciente demanda, lo cual genera problemas de cobertura y calidad del servicio», subrayó.
Cabe precisar, que en el proyecto se ha destacado que en la mayoría de departamentos del país, la distribución de energía eléctrica se encuentra a cargo de empresas estatales, las cuales deben ser potenciadas a efectos de garantizar que desarrollen una adecuada labor en beneficio de la población que se encuentre bajo su ámbito.
«Si bien el derecho a la electricidad no se encuentra reconocido explícitamente en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencias en el sentido que resulta necesario garantizar que toda persona pueda satisfacer sus derechos económicos y sociales que son indispensables en el libre desarrollo de la personalidad; asimismo, garantizar un nivel de vida adecuado que asegure el bienestar», puntualizó la parlamentaria Marisol Espinoza.
(Foto referencial)
(TCP)
