El coronavirus (COVID-19) ha semi-paralizado al país, pero no el servicio de energía. En las cuatro semanas que distan del 15 de marzo, fecha en la cual el Gobierno decretó la primera cuarentena sanitaria a escala nacional de la historia del Perú, el servicio eléctrico se ha mantenido funcionando sin interrupciones.
“No ha habido cortes de luz, salvo por algunas fallas leves que son normales en la industria”, apunta Daniel Cámac, deputy country manager de Engie.
De hecho, el sector eléctrico tomó la decisión inicial de no cortar el servicio de energía durante el periodo de emergencia y de “reponerlo inmediatamente”, en los casos que hubiera sido cancelado por falta de pago, remarca Carlos Mario Caro, presidente encargado del comité sectorial eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
La decisión fue adoptada en una reunión de emergencia realizada en la sede del gremio, un día después del anuncio presidencial (16 de marzo).
El objetivo, explica Caro, era definir las acciones a tomar para brindar seguridad a los trabajadores de las empresas eléctricas y “seguir brindando energía a todos los hogares del país”.
Y así ha ocurrido, con excepción de algunos eventos “casi irrelevantes” (apagones), ocasionados, no por la saturación de las líneas eléctricas – como cabría esperar – sino por la menor demanda de energía.
La hora de las energías renovables
“Ocurre que las líneas eléctricas no están habituadas a operar con una demanda tan baja de electricidad, y eso puede ocasionar que haya fallas”, explica Cesar Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Inteconectado (Coes).
En efecto, uno de los impactos principales del COVID-19 ha sido la reducción de la demanda de energía.
De acuerdo a estadísticas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la demanda total de electricidad cayó 30% entre febrero y abril de 2020, de 7.125 MW a cerca de 5.000 MW.
Hablamos de 2.000 MW menos de consumo, reducción que se explica en un 40% por la detención o semi-detención de grandes minas e industrias (ver Infografía), y en un 60% por la paralización de oficinas, pequeñas industrias y comercios.
“La demanda de energía puede haber subido en los hogares (debido a la cuarentena), pero desciende en el agregado total porque las industrias no están trabajando al ritmo acostumbrado”, señala Carlos Mario Caro.
Y lo mismo ha sucedido con las plantas de generación eléctrica, sobre todo, con las de gas natural.
Al momento de escribir estas líneas, solo una planta térmica a gas estaba siendo llamada a despachar energía por el Coes (en horas punta): la central de ciclo abierto de Engie, en Chilca.
“Todas las restantes está paradas porque el sistema no las requiere. Ahora estamos abasteciendo la demanda con la producción de las centrales hidroeléctricas y centrales renovables no convencionales (RER)”, apunta Cámac.
Según estadísticas del Coes, en la tercera semana de cuarentena el 82,07% de la producción eléctrica provino de centrales hidroeléctricas, y el 14,7% de centrales RER: solares, eólicas, biomasa y mini-hidro.
Cadena de pagos en riesgo
Como se ve, el suministro de energía no es un problema para el sector eléctrico (hay más sobre-oferta que nunca), como tampoco lo es la disponibilidad de personal, pues con muy poco (Engie tiene 12% en campo) está logrando que el sistema se mantenga operativo en un 100%.
El gran desafío es lograr que no se rompa la cadena de pagos.
“Si no se paga a los distribuidores, que son los que pagan, a su vez, a los transmisores y generadores, habría un problema general porque el sector se quedaría sin caja para honrar sus compromisos con empleados y proveedores”, explica Caro.
Este riesgo crece ahora, que el gobierno ha ampliado la cuarentena por otras dos semanas.
Según Daniel Camac, una medida para aliviar la presión que se avecina, sería permitir el reinicio de algunos sectores productivos, como la minería.
“Si Shougang, Las Bambas, Constancia y otras industrias, como Aceros, Sider-Perú y Cajamarquilla, reinician producción, entonces el 40% de la demanda perdida se repondría de manera muy rápida”, señala.
De no ocurrir esto, sólo quedaría invocar a que la población no vulnerable – excluida del DU-035, que permite el fraccionamiento del pago de la luz por 24 meses – se acerque a cancelar sus recibos de luz, apunta Carlos Mario Caro.
“El problema se aliviaría consiguiendo que el público de estratos medianos y altos coloque el recibo de luz entre sus primeras actividades pagar. De lo contrario, puede haber un colapso en el sector”, advierte.
*foto referencial
(BQO)
