El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que declarará en «emergencia» el sistema vial del país para garantizar el libre tránsito de las personas.
Reuters.- Las fuerzas armadas de Perú tomarán el control y protección de la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, dijo el martes el Gobierno, mientras aún continúan las protestas que han dejado seis muertos, con bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas.
Los manifestantes piden el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió el poder luego de la destitución de Pedro Castillo debido a su intento de disolver el parlamento dominado por la oposición, quebrando el orden constitucional.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo a periodistas tras una reunión con los jefes de las fuerzas y de la policía que el Gobierno declarará en «emergencia» el sistema vial del país para garantizar el libre tránsito de las personas.
«Se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las fuerzas armadas de los puntos estratégicos», dijo Otárola. «Estamos hablando de los aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida y subsistencia de todos los peruanos».
La crisis en Perú no daba señales de acabar incluso después de que la presidenta Boluarte dijo que buscará «acortar» los plazos previstos de adelantar las elecciones generales, planteada inicialmente para abril del 2024.
La mandataria, que fue la vicepresidenta de Castillo, debería completar el actual mandato hasta julio del 2026.
«Calma por favor, esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana», manifestó a periodistas Boluarte tras un acto público. «Todos tenemos derecho a protestar, pero a generar vandalismo, a quemar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos, eso no habla de ser una marcha de protesta normal, eso ya esta llegando a extremos».
Entre las víctimas mortales hay cinco adolescentes y un hombre de 38 años, según la Defensoría del Pueblo, todos tras enfrentamientos con la policía en el interior del país, en comparación con una estimación anterior de siete fallecidos.
La dirección de educación de Lima informó temprano que suspendió las clases presenciales el martes para «garantizar la seguridad de estudiantes y docentes». En tanto, la Corte Superior de Justicia dijo que no atenderá al público tras sufrir el lunes ataques de «vándalos» con piedras contra sus oficinas.
Las regiones donde se han desarrollado violentas protestas son Arequipa, Apurimac y Cusco, ubicadas en el sur y Andes del país. Un reporte de la radio y televisión por cable RPP Noticias mostró imágenes de oficinas de la fiscalía de Arequipa y de la región de Huancavelica parcialmente incendiados en protestas.
Una estación policial en Apurimac fue atacada con explosivos improvisados y artefactos pirotécnicos «que contenían dinamita y perdigones», dejando 15 agentes heridos, dos de ellos con «pronóstico reservado», dijo la policía en un comunicado.
Tres aeropuertos -los de Apurimac, Arequipa y de la turística Cusco- han suspendido temporalmente sus operaciones después de fuertes disturbios en los últimos días.
«ES UN GOLPE DE ESTADO»
Legisladores de izquierda, que apoyan las protestas y piden la liberación de Castillo, han rechazado las acusaciones del Gobierno de que habrían «infiltrados» en las protestas.
«#DinaBoluarte y el #CongresoGolpista le han declarado la guerra al pueblo reprimiéndolo, negándose a cumplir con los reclamos de nuevas elecciones inmediatas y el #ReferéndumConstituyente», dijo el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre que llevó al poder a Castillo.
En una carta publicada por Twitter, Castillo -que se encuentra detenido en una prisión policial- calificó en la víspera a Boluarte como «usurpadora» y pidió no caer en el «juego sucio» de la propuesta de adelantar las elecciones.
El martes, en una declaración ante una corte de apelaciones por su reclusión, Castillo pidió a las fuerzas de seguridad «deponer» sus armas en las protestas; y rechazó la acusación de «rebelión y conspiración» en su contra.
Ante la «masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo», dijo después por Twitter.
Castillo cumple una prisión preliminar por siete días que se cumplirá el miércoles, si es que la fiscalía no solicita y un juez no aprueba una extensión de la restricción.
En un comunicado conjunto el lunes, México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron que Castillo ha sido víctima de «hostigamiento» político y exhortó a Perú a «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada» en las urnas.
La cancillería peruana replicó: «Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo (…) constituyen un golpe de Estado».
Grupos de derechos humanos han criticado a la policía por el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos en las protestas, que están afectado también al sector minero con el bloqueo de una carretera clave que usa la importante mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
