HIDROCARBUROS. Decreto para áreas de conservación no afecta derechos de empresas extractivas. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) señaló que el D.S. 004-2018, para la elaboración de los planes maestros de las Áreas de Conservación Regional (ACR), no se contrapone a la inversión en el sector extractivo.
El jefe del Sernanp, Pedro Gamboa, explicó que el referido decreto supremo solo fortalece a los gobiernos regionales para que lideren la función de elaborar los planes maestros de las ACR, sin la supervisión de la entidad.
Las declaraciones del funcionario, emitidas al Diario El Comercio, responden a los cuestionamientos de empresas del Sector Hidrocarburos, así como de autoridades gremiales.
Justamente, el gerente de Operaciones de Repsol Perú, Marco Vásquez, exclamó que con el D.S. 004-2018, publicado por el Ministerio del Ambiente, «se pararán las inversiones de las grandes petroleras».
Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), este decreto elimina la opinión vinculante del Sernanp en la elaboración de los planes maestros, y también elimina el consentimiento escrito del titular del derecho preexistente, en caso de que el gobierno regional decida implementar zonificaciones excluyentes de la inversión.
A su turno, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), añadió que antes de la emisión del D.S. 004-2018 se requería el consentimiento expreso de los propietarios de los predios privados.
«Ahora se ha eliminado ese requisito, con lo que se desprotege los derechos adquiridos previamente”, comentó Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE.
Sin embargo, el jefe del Sernanp argumentó que el decreto supremo no amenaza los derechos preexistentes de las empresas extractivas, porque «una norma de menor jerarquía como esta no puede derogar las leyes que protegen los derechos de propiedad».
En ese sentido, reflexionó que las empresas petroleras se adelantan al considerar que se hará mal uso del D.S., en referencia a las funciones delegadas a los gobiernos regionales para la elaboración de los planes maestros de las ACR.
“Si un gobierno regional hace mal uso de la norma, el propietario privado tiene todo el derecho de cuestionar dicha decisión por la vía administrativa o judicial, como lo hace todo ciudadano de a pie”, señala Gamboa a El Comercio.
