El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho este martes que esperan que el arbitraje que ha interpuesto al Gobierno de Perú para recuperar su inversión en el Gasoducto Peruano del Sur (GSP) esté terminado a finales de 2022.
El Gobierno de Perú rescindió el 23 de enero de 2017 la concesión del GSP a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.
La constructora brasileña -con una participación del 50%-, Enagás y Graña y Montero -ambas con un 25%- eran las compañías concesionarias para la construcción de este gasoducto, que suponía una inversión de US$ 7,328 millones (6,856 millones de euros), pero el Gobierno peruano decidió rescindir el contrato por los escándalos de corrupción que afectaban a Obedrecht.
Ante ello, Enagás decidió entablar una demanda contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En agosto del año pasado se informó que la firma española fijó en US$ 1,980 millones el valor de la demanda.
Llardén, en una rueda de prensa en que ha presentado los resultados de la compañía en 2019 y la revisión de las perspectivas estratégicas para el periodo 2020-2026, ha señalado que se está ya dentro del proceso de arbitraje, que ha sido admitido por el Banco Mundial (BM), y se ha pasado la etapa previa.
Ha explicado que ahora el estado peruano tendrá que contestar y probablemente el arbitraje pueda estar terminado a finales de 2022.
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