Además de ahuyentar las inversiones, perjudicaría la reactivación económica del país y la generación de empleos.
Tras lo anunciado el último domingo por el premier Guido Castillo sobre la nacionalización de Camisea, en caso de que el consorcio no renegocie “el reparto de utilidades a favor del Estado”, diversos gremios e instituciones empresariales se mostraron en contra de la renegociación del contrato entre el Estado Peruano y el Consorcio.
La Asociación Empresarial IPAE señaló que, si bien todo contrato es renegociable, debe haber la debida motivación, seguir los canales institucionales y formas adecuadas, que no se ha dado en este caso.
“Se ahuyentan las inversiones y por tanto los empleos, además de poner en riesgo la provisión de servicios a la ciudadanía y la recaudación que percibe el Estado”, indicó IPAE en un comunicado.
El Consorcio de Gas de Camisea, refirió IPAE, paga entre impuesto a la renta y regalías más de 60% de sus utilidades. Así, «al menos la mitad va a los gobiernos regionales y locales, así como a universidades del Cusco, lo cual equivale a aproximadamente cuatro millones de soles diarios».
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“Asegurémonos que estos recursos, con una buena gestión pública, se traduzcan en una mejor educación, salud, caminos, energía y otros servicios”, enfatizó.
IPAE considera relevante, además, atender la demanda de las familias por gas a precios competitivos, que requiere destrabar proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019: Masificación del uso de gas natural, distribución por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali; la Distribución de gas natural por red de ductos en la región Piura; y el Sistema integrado de transporte de gas para Cusco, Arequipa y Moquegua.
A su turno, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, aseveró que la nacionalización del proyecto Camisea sería inconstitucional y pondría en grave riesgo la matriz energética del Perú.
“Hay un contrato que ha sido suscrito por dos partes, Estado y Consorcio Camisea, que tiene que respetarse”, resaltó de la Flor de la SNMPE.
Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), además de manifestar su rechazo a la iniciativa de renegociación, pidió a los peruanos estar enfocados en reactivar nuestra economía y mejorar las condiciones de acceso a los distintos servicios públicos.
“La agenda de trabajo para lograrlo está en manos de nuestras autoridades y esperamos propuestas que vayan en esa línea”, manifestaron.
