El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, enfatizó que su gestión fomentará inversiones sostenibles en los tres subsectores que lidera para asegurar el desarrollo de las regiones, el cierre de brechas y la oportuna atención de los peruanos en el contexto de crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia.
“El gran desafío hoy es reactivar el sector minero energético protegiendo la salud de sus trabajadores y resolviendo las demandas sociales en sus áreas de influencia”, afirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Miguel Incháustegui afirmó que promoverá una mayor articulación entre el sector público y el privado, buscando el desarrollo del país en su conjunto y el bienestar de las comunidades aledañas a las operaciones.
En el subsector hidrocarburos, adelantó que impulsará la masificación del gas natural y que el objetivo de su gestión es alcanzar más de un millón y medio de conexiones domiciliarias al 2021. Más de la mitad de esas instalaciones, precisó, serán realizadas con el programa Bonogas Residencial del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que es administrado por el Minem para atender a familias en situación de vulnerabilidad.
El ministro señaló que en el 2023 se logrará una cobertura eléctrica al 100% en el ámbito rural. Al respecto, detalló que en diciembre próximo se culminará cinco proyectos de electrificación rural con una inversión de S/ 138 millones que beneficiarán a 94 mil personas, y que en el 2021 concluirán otros nueve proyectos en beneficio de 14 mil habitantes.
Asimismo, resaltó que a pesar del efecto de la pandemia este año que se estima alcanzar US$ 4,800 millones de inversiones mineras y que la actividad ha mostrado una importante recuperación en términos de producción y empleos en el mes de junio, en comparación a mayo, producto de la reactivación económica impulsada por el Gobierno, lo que permitirá generar recursos para atender las necesidades básicas de los peruanos.
En ese sentido, indicó que fomentará la exploración minera, los proyectos que se encuentran en cartera y que no afrontan un escenario de conflictividad, y que garantizará la operatividad del sector, fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y social de la minería.
