La petrolera estatal reconoce que «las condiciones financieras de la empresa son extremadamente graves».
El Directorio de Petróleos del Perú-Petroperú S.A. señaló que, habiendo sido encargados como miembros transitorios hasta que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) concluya el proceso de selección del nuevo Directorio, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2024 emitido el 27 de febrero último, han cumplido con aprobar acciones del Plan de Reestructuración propuesto por la consultora Arthur D. Little/Columbus (ADL/C), así como otras medidas urgentes de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y de ingresos de personal según el siguiente detalle.
Con Acuerdo de Directorio N° 031 y 032-2024-PP del 1 de abril, se aprobaron las Acciones de Reestructuración de Petroperú para el año 2024, compuestas por 13 componentes y 52 actividades priorizadas.
Mediante Carta N° PRES-0173-2024 del 3 de abril, se remitió al FONAFE las Acciones de Reestructuración y el Acuerdo de Directorio N° 031 y 032-2024-PP, debido a que FONAFE supervisará la implementación de las acciones, de acuerdo con lo señalado en el D.U. N° 004-2024.
El 5 de abril, siguiendo los nuevos lineamientos de transparencia de este Directorio, se publicó en el Portal Institucional las Acciones de Reestructuración aprobadas, resguardando la información confidencial.
En adición a lo exigido y cumplido en relación al D.U. N° 004-2024, han también alcanzado al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su diagnóstico de la empresa (Carta PRES-0214-2024 y PRES-0213-2024 entregadas el 07.05.2024 al señor Antonio Mendoza, jefe de Gabinete de Asesores del MINEM y a la señora Betty Sotelo, viceministra de Hacienda del MEF); el mismo fue presentado a los accionistas y a la señora Presidenta de la República el 08.05.2024.
En el mencionado diagnóstico, hacíamos notar al Gobierno que el informe ADL/C, sobre el cual se ha venido basando la reestructuración de la empresa, toma como supuesto fundamental que el Estado peruano iba a continuar apoyando financieramente y de forma ilimitada a Petroperú. De hecho, el último financiamiento otorgado a principios de este año fue otorgado bajo las recomendaciones del informe de ADL/C.
Asimismo, las proyecciones de dicho informe se han dado bajo una serie de supuestos financieros y técnicos que no se han aplicado, como, por ejemplo, que la Nueva Refinería Talara (NRT) iba a estar operativa desde el año 2024. Hoy, las proyecciones tienen serios desvíos, trayendo como resultado que las condiciones financieras de la empresa son extremadamente graves.
Situación actual
Petroperú hoy opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024, de respectivamente US $ 3,977MM (30% menos que el 2022) y – US $ 716MM (164% mayor que 2022). El EBITDA proyectado para 2024 es de US$ 135MM, insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda.
Además, la estatal tiene una pérdida de su posición competitiva habiendo cedido cuota de mercado de 51% a 25%; acusa un serio deterioro de la posición de liquidez, capital de trabajo, solvencia (pasivo/patrimonio) e indicadores de rentabilidad (ROA/ROE) de 0.4, -US$ 3,367, 6.26 y -0.7%/-11.1% respectivamente; y adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza.
Todo ello causados por demoras, casi siempre debidas a causas exógenas y/o políticas, a las de una eficiente gestión y causantes de un fuerte endeudamiento para la construcción de la NRT, que casi triplicó su costo en el tiempo; un largo proceso de arranque y estabilización no concluido de la NRT, causante a su vez de un nuevo impacto negativo financiero para el año 2024.
La incertidumbre del proceso de estabilización de la refinería genera serias vulnerabilidades futuras a las finanzas, lo que llevaría al Estado a seguir capitalizándola.
La actual situación también ha sido generada por una estructura organizacional operativa anquilosada, poco ágil y sobredimensionada, derivada también de las fallas de origen de un manejo público, no privado en la gestión de la empresa; las debilidades en el modelo de gestión de riesgos, es decir baja o nula transparencia; y las inherentes debilidades en el modelo de gobernanza que llevaron a Petroperú a no tener encaminada la auditoría contable 2023 (ahora a ser presentada por PwC el 31.05.24) ni nombrada a la empresa auditora para el año 2025.
Frente a todo ello, «somos conscientes de que las condiciones financieras de la empresa requieren espaldas financieras anchas provenientes de su accionista, que en el caso de Petroperú es el Estado peruano, es decir, con los recursos de todos los peruanos. Los últimos cálculos indican que se requiere de US$ 2,200 MM adicionales».
En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos.
Dicho lo anterior, el Directorio considera que una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera.
«Hemos planteado nuestro pedido de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas, así como ante el Gobierno y estamos a la espera de una definición que, en caso sea afirmativa, nos permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú», finalizó.
