El Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Reglamento de la Ley N° 29134, Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, que deroga la versión anterior del año 2011 (Decreto Supremo N° 004-2011-EM) e incorpora mejoras sustantivas en esta materia, de cara a promover acciones de remediación ambiental de forma oportuna y eficiente
La norma, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 033-2020-EM, precisa el alcance de las funciones a cargo de las entidades involucradas en la atención de estos pasivos, lo que permitirá alcanzar mejores resultados en su remediación.
A su vez, establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es competente para conducir el proceso de remediación de pasivos ambientales, en representación del Estado peruano.
También señala que un operador de actividades de hidrocarburos pueda realizar, de manera voluntaria, la remediación de pasivos ambientales en su zona de actividades, para lo cual éste deberá expresar su interés de efectuar tal tarea y su compromiso de presentar un Plan de Abandono.
Asimismo, regula la posibilidad de que el operador, en cuyo lote se encuentra un pozo identificado como pasivo ambiental, pueda efectuar su reaprovechamiento, para lo cual deberá incorporar esta actividad en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental aprobado.
La norma establece que el Inventario de Pasivos Ambientales de Subsector Hidrocarburos, administrado por el Minem, sea actualizado anualmente, en base a los informes de identificación de pasivos ambientales que elabora el OEFA.
La aplicación del Reglamento permitirá reducir y eliminar los riesgos de afectación al ambiente, la salud y la seguridad de la población, reducir la conflictividad social asociada a la realización de las Actividades de Hidrocarburos así como recuperar el valor económico de los terrenos impactados, habilitándolos para el desarrollo de otras actividades.
De igual manera, la remediación ambiental que se ejecute en el marco del nuevo Reglamento permitirá recuperar la confianza de la población en la actuación del Estado para gestionar los impactos ambientales de las actividades de hidrocarburos realizadas en el pasado, con miras a promover nuevas actividades de hidrocarburos en el futuro.
