HIDROCARBUROS. El desarrollo portuario nacional sigue a paso firme. Un nuevo logro se concretó con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, en La Libertad.
Como se recuerda, la iniciativa de mejorar el puerto de Salaverry fue promovida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para incrementar la eficiencia de la instalación marítima, y con ello optimizar el traslado de carga para la exportación e importación. En este marco, era necesario que se apruebe el EIA-d del proyecto de modernización.
El EIA-d fue aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ayer 4 de febrero.
El estudio fue presentado por el concesionario del referido terminal portuario, Salaverry Terminal Internacional (STI). De acuerdo a la resolución de aprobación del Senace, la empresa está obligada a cumplir con los términos y compromisos asumidos en el documento, así como de los que se derivan de las opiniones técnicas favorables emitidas como parte del proceso.
Para el presidente del directorio de la APN, Edgar Patiño Garrido, la aprobación del EIA-d es un gran paso, pues es parte de las autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.
“Esta semana la APN debe estar aprobando los expedientes técnicos para el inicio de obras, los cuales se encontraban pendientes de la aprobación del EIA-d. Por otro lado, el concesionario está tramitando su cierre financiero, según la normativa vigente”, añadió.
La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico y administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y mitigar los potenciales impactos ambientales (y sociales) negativos que pudieran derivarse de los proyectos de inversión. Asimismo, intensificar sus impactos positivos.
Es importante indicar que, en del proceso de evaluación de este estudio, participaron diversas instituciones públicas, entre ellas el MTC, la APN y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
