Además, para el gremio minero energético, quebranta la reactivación económica.
El llamado del presidente Pedro Castillo al Congreso de la República para que se trabaje en conjunto una ley sobre la estatización del gas de Camisea, fue calificado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como una amenaza nefasta que atenta contra la inversión privada y quebranta la reactivación económica en curso.
Así lo afirmó el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, al señalar que lo declarado por el Jefe de Estado solo alimenta la inestabilidad y desconfianza entre los inversionistas en circunstancias que nuestro país necesita de nuevos capitales para revertir la crisis económica y sanitaria.
“Ya se van a cumplir 100 días de gobierno y observamos con gran preocupación que no hay un rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios y gestos contradictorios que satanizan la inversión privada y deslegitimizan su real contribución al desarrollo del Perú”, enfatizó.
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En ese contexto, expresó que pretender vulnerar unilateralmente el contrato de Camisea, que está garantizado por la propia Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, plantea una amenaza a la inversión privada en su conjunto, atentando contra el orden jurídico y el Estado de Derecho.
«Confiamos que el Congreso de la República no se prestará para convalidar medidas como esa, y que, por el contrario, seguirá trabajando en la búsqueda de consensos en favor de la reactivación económica y el progreso del Perú”, refirió.
Asimismo, dijo que utilizar como excusa, a la necesidad de acelerar la masificación del gas natural, para impulsar una medida ilegal y arbitraria, solo refleja un ímpetu populista que ya se aplicó en el pasado con resultados desastrosos para todos los peruanos.
“Nosotros coincidimos en que la masificación del gas es urgente. Sin embargo, para que ello ocurra hace falta que el Gobierno defina lineamientos de política pública que permita la construcción de una red de ductos a fin de llevar gas a más hogares. La masificación no tiene nada que ver con el contrato de Camisea, que más bien, ya tiene una carga fiscal de 65% entre impuestos y otros aportes”, agregó.
El contrato suscrito entre el Estado y el Consorcio Camisea no es lesivo para el país -reafirmó- De la Flor, al manifestar que en 17 años de operación Camisea ha aportado al país más de 40,000 millones de soles, entre impuestos y regalías.
“Mientras persistan mensajes nocivos como el de la pretendida estatización de Camisea y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la actual Constitución, solo se conseguirá espantar a la inversión y se deteriorará la generación de empleos”, indicó.
