Dentro de la acusación se ha incluido -bajo modalidad de colusión en agravio del Estado- a las exministras Alva e Hinostroza.
Con 13 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final de la investigación de los hechos ligados a la pandemia de la COVID-19.
Y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada del Decreto de Urgencia N° 008-2020.
El informe recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1.4 millones pruebas rápidas.
Asimismo, junto al exmandatario se incluye dentro de la acusación en la modalidad de colusión en agravio del Estado a las exministras de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; y de Salud, Elizabeth Hinostroza.
De acuerdo con la mesa de trabajo, se analizó cinco líneas de investigación para la elaboración del presente informe.
Estas son la adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm.
Así como la adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por COVID-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector salud.
Puntos de acusación
Entre las principales conclusiones del informe, se indicó que Vizcarra Cornejo y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud como Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies.
La finalidad de las reuniones fue concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
Cabe resaltar que el informe final se elevará al Pleno del Congreso.
A su vez, se ha corroborado la aplicación indebida del DU 028-2020 que consideró la adquisición de pruebas rápidas omitiendo lo establecido en las normas legales de salud vigentes que amparaban técnicamente a la prueba molecular como única prueba de diagnóstico para detectar la COVID-19.
El informe señala que la central de Compras Públicas – Perú Compras a requerimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) benefició irregularmente con la adquisición de la buena pro a las empresas Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies para la adquisición de 1.4 millones de pruebas rápidas.
Zamora también
Por otro lado, también se recomendó acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora.
Por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
Un dato
La comisión resaltó que el informe final será remitido al Ministerio Público para que continúe la investigación y emita denuncia penal.
