Ibram y la policía federal están desarrollando un sistema de trazabilidad con radioisótopos para establecer un ADN del oro brasileño.
Bloomberg.- La amenaza que representa la minería ilegal para la Amazonía brasileña es tan grande que la industria minera formal está tratando de involucrar al banco central del país.
El presidente del banco central, Roberto Campos Neto, se comprometió a buscar formas de mejorar la supervisión de los compradores autorizados por los bancos
Así reveló el instituto de minería Ibram en un comunicado luego de reunirse con Campos Neto.
También añadió que grandes empresas y organizaciones no gubernamentales han presionado para tomar medidas enérgicas contra los flujos de oro no regulados.
Ibram y la policía federal también están desarrollando un sistema de trazabilidad utilizando radioisótopos para establecer un ADN para el oro brasileño.
Las grandes mineras quieren diferenciarse de la minería ilegal “dominada por organizaciones criminales”, dijo por teléfono el presidente del Ibram, Raul Jungmann.
“La minería ilegal impacta la reputación del sector, lo que significa restricciones en términos de aprobación socioambiental, de imagen y de mercado”.
La organización de sostenibilidad Instituto Escolhas estima que Brasil comercializó 229 toneladas de oro con graves indicios de ilegalidad entre 2015 y 2020, alrededor del 50% de la producción nacional.
Según un estudio, un puñado de corredores de valores representaron un tercio de todo el oro identificado.
Situación del oro
En Brasil, todo el oro de la minería artesanal, conocido como garimpo, debe venderse a empresas acreditadas por el banco central.
La falta de controles permite a los mineros salvajes hacer afirmaciones de origen falsas mediante el registro de un número de título minero válido.
La ley local exime a las casas de bolsa de responsabilidad por irregularidades, asegurando que las compras de oro se puedan realizar con base en la presunción de “buena fe”, siempre que los mineros ilegales presenten un certificado de origen autoemitido.
Las empresas mineras y los grupos de sostenibilidad quieren que se prohíba esa regulación.
