Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por una serie de ataques, que resultaron en la muerte de al menos dos niños, por mineros ilegales en las tierras indígenas Munduruku y Yanomami, y pidieron a las autoridades brasileñas que investiguen y enjuiciar a los responsables.
Los mineros están intensificando los ataques que amenazan e intimidan a los pueblos indígenas Munduruku que se oponen a la tala ilegal y la minería en territorios indígenas en el suroeste de Pará.
De acuerdo con la información, el 26 de mayo de 2021, mineros armados invadieron la aldea de Fazenda Tapajós, dispararon contra las casas, atacaron a la comunidad indígena e incendiaron la casa de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn. La Asociación fue objeto de varios otros ataques en marzo y abril de 2021.
Los pueblos indígenas Yanomami también han informado de continuos actos de intimidación y ataques con disparos contra la comunidad de Palimiú por parte de mineros ilegales.
Posteriormente, dos niños yanomami fueron encontrados muertos en el río Urarucoera luego de un ataque armado reportado en mayo de 2021. Los mineros armados también dispararon contra siete agentes de la Policía Federal, que investigaban incidentes violentos en la zona.
Medidas inmediatas
“Los pueblos Yanomami y Munduruku son altamente vulnerables y se encuentran entre las comunidades indígenas más afectadas por la presión de la minería ilegal en la Amazonía”, dijeron los expertos de la ONU, quienes añadieron que los pueblos indígenas están pidiendo una protección efectiva de la Policía Federal de sus comunidades como colectivo y también de los líderes indígenas individuales.
“El gobierno brasileño debe tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad de los pueblos indígenas Munduruku y Yanomani y los defensores de los derechos humanos, incluidas las mujeres líderes, y realizar investigaciones sobre todos los ataques contra los pueblos indígenas Munduruku y llevar a los perpetradores ante la justicia”, manifestaron los expertos.
También se han expresado preocupaciones sobre la contaminación por mercurio en las tierras indígenas del Amazonas. Las actividades mineras ilegales y la contaminación por mercurio asociada amenazan la salud, el agua y las fuentes de alimentos de los pueblos indígenas Munduruku y Yanomami. El pescado local, la principal fuente de proteína en las comunidades indígenas, está contaminado y se han reportado niveles altos de mercurio inseguros entre las comunidades, incluso en los niños.
Protección ambiental
Los expertos también destacaron su preocupación por un anteproyecto de ley para regular la minería en tierras indígenas. La legislación propuesta no contiene salvaguardas ambientales y sociales, omite la reparación para los pueblos indígenas y no aborda los servicios sociales, culturales o de salud.
La investigación científica indica que, si se convierte en ley, el proyecto de ley propuesto podría afectar a más de 863,000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales y causar una importante degradación social y ambiental, incluida la pérdida de biodiversidad y una extensa deforestación que a su vez agravará el cambio climático global.
“Hacemos un llamado al Gobierno para que desarrolle e implemente acciones para garantizar la protección ambiental de las tierras indígenas, incluidos sus recursos naturales, y brinde servicios de salud adecuados a los pueblos indígenas”, señalaron los expertos.
Los expertos de la ONU enfatizaron además que el Gobierno brasileño debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de políticas y toma de decisiones, así como su consentimiento libre, previo e informado con respecto al proyecto de ley núm. 191/20.
*Los expertos: Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Marcos Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos ; Mary Lawlor , Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental.
