El destino de la mina Cobre Panamá se ha visto perturbado en las dos últimas semanas por extendidas protestas de quienes rechazan el proyecto.
Reuters.- Los legisladores en Panamá eliminaron las disposiciones de un proyecto de ley que habrían cancelado una concesión recientemente aprobada para extender por al menos dos décadas la vida útil de una polémica mina de cobre, según dijeron el jueves a Reuters dos representantes del legislativo.
El destino de la mina Cobre Panamá, que representa el 1% de la producción mundial del metal y es operada por una unidad de la canadiense First Quantum, se ha visto perturbado en las dos últimas semanas por extendidas protestas de quienes rechazan el proyecto.
Dos legisladores independientes, Edison Broce y Juan Diego Vásquez, dijeron a Reuters que la ley propuesta no incluirá la anulación de la concesión.
El proyecto ahora se enfoca en convertir en ley una prohibición nacional indefinida sobre todas las nuevas concesiones mineras, que va más allá de un decreto similar emitido el viernes pasado por el presidente Laurentino Cortizo.
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En un anuncio en redes sociales tarde el jueves, Cortizo dijo que convocó a una sesión extraordinaria el viernes a la Asamblea Nacional para debatir la prohibición de nuevas concesiones mineras.
Los manifestantes en Panamá han expresado su preocupación por el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa a finales del mes pasado, argumentando que está contaminado por la corrupción y es demasiado favorable a la minera canadiense, además de perjudicial para el medio ambiente.
El enfrentamiento por el futuro de la mina ha provocado que las acciones de First Quantum pierdan casi la mitad de su valor en los últimos días.
Según los términos del nuevo contrato, la minera pagaría un mínimo de 375 millones de dólares anuales al Gobierno a cambio de dos décadas de operaciones continuas, con la opción de extenderlas otros 20 años.
El domingo pasado, Cortizo convocó a un referéndum para darle al público voz y voto sobre el futuro del contrato, pero los legisladores aún están debatiendo el texto legal que autorizaría la votación.
La corte suprema está considerando varias impugnaciones del contrato y, en última instancia, puede decidir su validez legal.
Pero si los legisladores cambian de rumbo y buscan poner fin al contrato a través de la legislación, ello podría abrir la puerta al arbitraje internacional, según expertos legales.
