Ecuador estima que las empresas realizarán inversiones por alrededor de US$ 11.000 millones para la construcción de siete minas, trabajos que arrancarían entre 2023 y 2025.
BNamericas.- El Gobierno ecuatoriano espera que las negociaciones que mantiene con grupos indígenas brinden una oportunidad para solucionar varios aspectos pendientes en el sector minero y para lograr que pueda seguir desarrollándose, señaló el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer.
“Hay que aprovechar la coyuntura para sacar adelante documentos, procedimientos y reglamentos que son necesarios y que incluso fueron pedidos de la Corte Constitucional”, planteó Vera en el programa radial Generación Responsable.
A fin de dar por terminado un paro de 18 días que le costó al país millonarias pérdidas, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se comprometió el 30 de junio a realizar mesas técnicas de diálogo para negociar puntos específicos, especialmente relacionados con los sectores petrolero y minero.
Las mesas concluyeron el 9 de septiembre con la suscripción de un acta, que entre otros temas estableció que no se entregarán nuevos títulos mineros hasta contar con una ley de consulta previa para proyectos que se realicen en territorios indígenas.
Se realizará también otra ronda de conversaciones para revisar la propuesta sobre consultas ambientales, que deberá ser debatida posteriormente entre el Ministerio del Ambiente y el movimiento indígena.
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Vera añadió que, pese a que hubo acuerdos y desacuerdos en las conversaciones, las mesas sí funcionan. Uno de los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) era la moratoria completa de todos los bloques del sector petrolero, de los proyectos mineros e hidroeléctricos, pedido que el gobierno no aceptó.
La moratoria finalmente se decidió para 15 bloques petroleros del suroriente del país, donde no habrá actividad hasta que exista una ley de consulta previa. En cuanto al sector minero, se resolvió que no se otorgarían nuevos títulos mientras no se promulgara dicha legislación.
El mecanismo se puede ver positivamente y como una oportunidad, plantea Vera, ya que la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente en octubre de 2021 que generara consultas ambientales, que es una obligación del Estado.
La obligación de la consulta previa también es un pedido de la Corte Constitucional.
El ministro añadió que los proyectos que tiene el país actualmente no se verán afectados por los acuerdos con las agrupaciones indígenas y que, cuando se abra el catastro minero, los titulares de los nuevos proyectos deberán conducir las respectivas consultas previas.
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Vera agregó además que ha mantenido reuniones con ejecutivos de la minera australiana Newcrest, que tiene inversiones en la mina de oro Fruta del Norte y en el proyecto de cobre y oro Cascabel, quienes le manifestaron interés en seguir invirtiendo en exploración minera en el país.
Según el ministro, el potencial geológico ecuatoriano y el uso del dólar como moneda oficial hacen atractivo a Ecuador a los ojos de los inversionistas.
Ecuador proyecta cerrar 2022 con exportaciones mineras por un total de US$2.600-3.000 millones. Además, estima que las empresas realizarán inversiones por alrededor de US$11.000 millones para la construcción de siete minas, trabajos que arrancarían entre 2023 y 2025.
Los proyectos son las minas La Plata (polimetálico); Curipamba (cobre y oro); Loma Larga (oro y plata); Mirador Norte (cobre), parte de la concesión Mirador; Ruta del Cobre (cobre); Cascabel (oro, plata y cobre); y Warintza (cobre).
