Cobre Panamá aporta cerca de 40,000 empleos directos e indirectos, interactúa con unos 1,800 proveedores y es la mayor inversión privada del país.
Reuters.- El gobierno panameño y First Quantum Minerals están endureciendo los frentes de batalla en una disputa sobre el pago de regalías de la compañía canadiense por su concesión de la mina de cobre más grande de la nación centroamericana.
El director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, voló a Panamá durante la Navidad para reunirse con funcionarios locales. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, lo que llevó a ambas partes a elevar las apuestas para proteger sus intereses en la instalación, conocida como Cobre Panamá.
La disputa, que se inició a fines de 2021, se ha convertido en una prueba de fuego de la capacidad de Panamá para seguir siendo un destino atractivo para los negocios incluso cuando el Gobierno busca reducir la desigualdad revisando acuerdos comerciales de largo plazo que muchos analistas consideran demasiado favorables para las empresas.
«Cobre Panamá es la única mina metálica en operación en el país y muchas firmas abrieron operaciones en Panamá con su llegada. Lo que pase con la mina tendrá una repercusión enorme que parece que no está siendo sopesada de forma adecuada por ambas partes», dijo Zorel Morales, director de la cámara minera de Panamá.
El hecho de no llegar a un acuerdo podría asustar a los inversionistas extranjeros en un momento en que el país está buscando desarrollar otros tres depósitos de cobre que podrían generar inversiones similares a las de Cobre Panamá, añadió Morales.
La demanda de Panamá de que la compañía pague al menos 375 millones de dólares en impuestos anuales ha estado en el centro de la disputa.
Durante las conversaciones de la semana pasada, First Quantum planteó los puntos que quería incluir en su contrato después de que venciera el plazo del 14 de diciembre para llegar a un acuerdo, según una fuente vinculada al Gobierno.
Derechos exclusivos para explorar otros minerales, ampliar el área de su concesión, un crédito fiscal de 1,000 millones de dólares por su inversión y la demanda de que ninguna ley promulgada después del nuevo contrato afecte sus operaciones fueron algunos de los temas planteados, aseguró la fuente.
La empresa se negó a comentar sobre los detalles de las negociaciones. Un portavoz del Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo el lunes que su administración había presentado una oferta de contrato final a la firma.
First Quantum pagó 61 millones de dólares en regalías al gobierno centroamericano en 2021, mientras que la mina Cobre Panamá registró ingresos por ventas de 3,160 millones de dólares en el año, de acuerdo con cifras de la propia compañía.
Mientras tanto, otros negocios rodean la mina, que empezó su producción en 2019. Registros gubernamentales muestran que se están revisando al menos dos solicitudes para explorar oro y otros metales cerca de la concesión de First Quantum.
Ambas partes han dicho públicamente que quieren llegar a un acuerdo, pero el hecho de no hacerlo antes de que venciera el último plazo llevó a Panamá a ordenar el cese de operaciones del yacimiento y a la empresa a iniciar un proceso de arbitraje.
UN ACTIVO CLAVE
En 2021, Cobre Panamá representó más de la mitad del Ebitda de First Quantum. También significa alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto nacional.
La firma ha invertido más de 10,000 millones de dólares en la mina y pagó solo dividendos nominales a los accionistas durante sus primeros años, según datos de la compañía.
Cobre Panamá aporta cerca de 40,000 empleos directos e indirectos, interactúa con unos 1,800 proveedores y es la mayor inversión privada del país, según el asesor empresarial René Quevedo, de la consultora GS&S Consultores.
La minería fue el sector más dinámico en Panamá durante 2021. Fitch Ratings revisó en febrero la perspectiva crediticia de Panamá a «estable» desde «negativa», destacando un impulso en las exportaciones de cobre.
La disputa podría obstaculizar los planes gubernamentales, ya que Cortizo quiere inyectar unos 190 millones de dólares de los pagos anuales de la minera al plan nacional de pensiones de Panamá, que podría quedarse sin fondos en 2024, según la Organización Internacional del Trabajo.
«Si no hay acuerdo, el daño sería serio», afirmó Quevedo.
La empresa ha dicho que el costo de detener las operaciones sigue siendo incierto. La administración de Cortizo no ha revelado ninguna evaluación de cómo la controversia podría afectar al país.
El gobierno panameño dice estar preparado para enfrentar todos los escenarios legales para defender el interés nacional.
«Es una negociación como la del Canal de Panamá», aseveró Hernán Arboleda, director de políticas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, al señalar la experiencia del país en la negociación con Estados Unidos para asegurar el control de su famosa vía fluvial.
«Panamá puede demostrar ante instancias internacionales que este no es un contrato equitativo», sostuvo.
