La nacionalización ha sido calificada como un fracaso y ahora el presidente Luis Arce apunta a enterrarla, por ello se requiere una nueva norma para atraer e incentivar la inversión privada, de lo contrario el país se acerca al déficit energético, según expertos en el tema. Para esto, las autoridades nacionales anunciaron inversión de casi 800 millones de dólares para esta gestión, pero se destina más recursos a la explotación.
La baja producción de gas natural y la declinación de los megacampos alerta al sector hidrocarburífero, situación que ya se venía desde la gestión de Evo Morales, ya que las exploraciones no colmaron las expectativas, claro ejemplo es Boyuy X2, en Tarija.
El pozo exploratorio Boyuy X2 está ubicado en el departamento de Tarija y es el pozo petrolero más profundo de Sudamérica, pero no es productivo. Recordemos que fue declarado como “no comercial”, truncando las expectativas del Gobierno que en marzo anunciaba el hallazgo de “un mar de gas”.
Carlos Delius, expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), en su artículo titulado La política hidrocaburífera en crisis: Una tormenta perfecta, publicado en Fundación Milenio, hace un análisis en base a la Agenda de Reactivación Hidrocarburífera de Bolivia, del Ministerio de Hidrocarburos, de octubre 2020, y en el mismo ya señala la caída de la producción.
El artículo señala cuatro pilares para impulsar al sector: Recuperar y consolidar la propiedad y el control de los hidrocarburos; incrementar el potencial hidrocarburífero, potenciar las actividades de exploración y explotación; industrializar los recursos hidrocarburíferos para generar valor agregado; y garantizar la seguridad energética nacional y consolidar al país como centro energético regional.
Sin embargo, pasaron los años y no se consolidó la propuesta gubernamental, y Bolivia está en una situación complicada respecto a los hidrocarburos, con una baja producción y con mercado reducidos a raíz de la caída de las reservas de gas natural.
En los últimos meses YPFB ha firmado dos adendas, con Petrobras y con Integración Energética Argentina, en ambos casos las condiciones anteriores eran mejores, y reflejan no solo la pérdida de palanca negociadoras como en el caso con Brasil sino además el efecto de la imposibilidad de cumplir con los volúmenes originalmente contratados, señala.
Para diciembre, las autoridades nacionales anunciaron un nuevo informe sobre el volumen de las reservas que tiene el país; la última que se realizó fue duramente cuestionada debido a que los datos no se transparentaron.
A pesar de que la ley de hidrocarburos prevé certificación de reservas anuales, YPFB solo las encomendó en los años 2009, 2013, 2017 y 2018. En la primera, realizada por Ryder Scott, se hizo una revisión que bajo la certificación en unos 250 % con relación a las anteriores realizadas por DeGolyer and MacNaughton, la revisión fue hecha bajo parámetros de reservorios (mejor conocidos después de varios años de operación) y restricciones impuestas por la SEC y API para la certificación de reservas.
En 2018, YPFB encargó la certificación a la empresa Sproule que indicó que la reserva, según el nuevo criterio aplicado de agregación estadística, son 10.7 TCF y 9, manteniendo la agregación aritmética usada en anteriores certificaciones. Sin embargo, hay que admitir el 2 BCF, billón de pies cúbicos 1X109 3 1 TCF son 1 x 1012 pies cúbicos 5 escepticismo: ¡Hay algo que no cuadra!, se lee en el texto de Delius.
Cambio:
Por otro lado, el economista y experto en inversiones, señala que el Gobierno de Luis Arce reflexiona para echar por tierra aquella ley (de nacionalización) que le habría permitido dar vida a su modelo de gasto público desbocado mientras duró el auge de materias primas.
No obstante, los analistas y expertos en la materia advierten desde hace varios años que, ante el deterioro cada vez más extendido del sector, si Bolivia no realiza reformas estructurales sobre la marcha, podría verse forzada a importar gas natural tan pronto como en 2024 o 2025.
Al respecto, el analista Hugo del Granado aseguró que el país estaría “muy cerca del déficit energético, es muy peligroso lo que está pasando en el país; puede producirse déficit en cualquier momento ante un contratiempo que pueda surgir en los campos operados actualmente”.
Del Granado afirmó que si el Gobierno no tiene la intención de modificar la estructura estatal de la administración del sector, el país se verá obligado a importar gas natural ante la posibilidad de abastecerse por cuenta propia en un futuro, según publicación de El Deber.
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