Especialistas consideran que respecto a países como Bolivia, Chile y Colombia que cuentan con entidades gubernamentales enfocadas en la minería, la situación en México es distinta.
Analistas sostiene que en México existe la necesidad de un organismo regulador que impulse la minería como industria estratégica.
Karina Rodríguez Matus, experta en temas de minería, energía e infraestructura indicó que mientras países como Bolivia, Chile y Colombia cuentan con un ministerio enfocado completamente en la minería, y Bolivia otro en la minería y metalurgia, en México la situación es diferente.
“Necesitamos una autoridad minera más fuerte, con mayores recursos, que pueda regular y aplicar la ley, porque los problemas de la minería no son un tema de ley, son de administración”, aseveró la abogada.
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Falta información
Rodríguez indicó que la Secretaría de Economía es la dependencia encargada de la actividad minera en el país, sin embargo anotó que esa dependencia en un afán de impulsar una medida de austeridad y racionalidad administrativa desarticuló la oficina a cargo.
En ese momento el Gobierno de México aseguró que la cancelación no implicaría ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos de la Secretaría de Economía en el sector.
«No cuenta con un área específica para ello, luego de que en septiembre de 2020 quedó cancelado el cargo de subsecretario de Minería”.
La abogada indicó que otro punto en cuestión es la información sobre el Fondo Minero, creado en 2013, ya que no aparece en ningún documento del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023.
«Este Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros estaba compuesto por la recaudación del impuesto del 7.5% sobre la utilidad de las empresas mineras y tenía como objetivo elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”, sostuvo a Expansión.
Según la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, el monto asignado para el 2017 fue de 3,738,951,934 pesos. La especialista refirió que no hay más información al respecto en el portal web, la última actualización fue en 2016.
Rodríguez añadió que el problema no radica en que si la minería paga impuestos o no, sino en que tales recursos se hagan efectivos en favor de las comunidades y el medio ambiente.
“Finalmente fue reformado y actualmente lo administra la Secretaría de Educación Pública, entonces ya no cumple el objetivo primordial que era distribuir recursos en comunidades donde se llevan a cabo actividades mineras. De cierta forma, cambió su razón de ser”, comentó Rodríguez.
La también socia del despacho Rodríguez Matus & Feregrino comentó que la administración de Manuel López Obrador, no ha entregado ninguna nueva concesión minera.
“Cuando digo una autoridad minera fuerte me refiero a una autoridad que tenga recursos para emitir concesiones, gestar contratos, revisar el cumplimiento de obligaciones”, resaltó.
