«Pero también sabemos que muchos de ellos no quieren formalizarse por muchos motivos, y es aquí donde los verdaderos delincuentes se esconden bajo el manto de impunidad que les ha brindado el REINFO».
El Perú es un país minero y por ello la grave situación por la que atraviesa este sector nos lleva como sociedad a preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Desde el 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido un rotundo fracaso. De los 87 mil mineros registrados, apenas el 2.3% se formalizó. Este dato refleja la ineficacia de un sistema que no logró integrar esta actividad a la formalidad.
En este panorama, el gobierno presentó una nueva Ley de Formalización de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE), que busca regular esta actividad ofreciendo seguridad jurídica y lineamientos claros para la formalización, áreas específicas para desarrollarla, disposiciones especiales para la adquisición de explosivos, criterios de sostenibilidad y medidas contra la explotación laboral e infantil.
También amplía el REINFO por un período de 6 meses para ayudar a los mineros que realmente quieran formalizarse en la transición de este registro a la nueva Ley MAPE, contemplando que este cambio requiere un espacio de adaptación. No obstante, no implica su continuidad en su formato actual, pues ya demostró su ineficacia.
Resaltamos que el solo hecho de contar con una nueva ley no significará nada (como ya lo demostró el REINFO) si en la práctica no se incluyen imperativamente cuatro elementos que consideramos claves: recursos económicos suficientes destinados a la ejecución y control de este proceso, incentivos concretos para que los mineros quieran formalizarse, capacidad técnica comprobada de parte de los gobiernos regionales para la aprobación de las solicitudes, y ordenamiento de los contratos entre las empresas dueñas de las concesiones y los mineros artesanales que trabajan en ellas. Sin estos requisitos, cualquier intento de formalización será en vano.
Cabe señalar que el problema de la minería ilegal es más grave de lo que parece. Se estima que más del 50% del dinero proveniente de las economías ilegales en el país proviene de esta actividad, superando incluso al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin duda, no solo genera pérdidas económicas para el Estado, sino también un impacto social profundo al vincularse con actividades delictivas.
Es evidente el marcado aumento de la criminalidad en casos como el de la Minera Poderosa en Pataz. Como se recuerda, bandas delincuenciales atentaron contra trabajadores y destruyeron infraestructura tanto privada como pública. Estos hechos subrayan la necesidad de combatir con firmeza este problema desde un enfoque integral.
En el Congreso, la situación también es preocupante. Existen sectores que parecen defender los intereses de la minería ilegal, dado que algunos congresistas fueron financiados por estos grupos, creando una brecha de desconfianza en las políticas públicas. Pero también hay quienes trabajan seriamente por la formalización, y a ellos debemos apoyarlos para que estas iniciativas prosperen.
En ese sentido, el proyecto de la Ley MAPE debe ser visto como una oportunidad de cambio. Si es rechazada o no se ejecuta adecuadamente, la minería ilegal seguirá siendo un flagelo que corrompe la economía, la política y la sociedad en su conjunto. Es fundamental que se tomen acciones inmediatas para garantizar que esta ley sea efectiva.
Tenemos plena conciencia que la gran mayoría de mineros artesanales no son delincuentes, pero también sabemos que muchos de ellos no quieren formalizarse por muchos motivos, y es aquí donde los verdaderos delincuentes se esconden bajo el manto de impunidad que les ha brindado el REINFO.
Ya es hora de que el sector privado, la sociedad en su conjunto y principalmente el Estado trabajemos de forma coordinada y con celeridad enfocados en indicadores y objetivos claros para revertir esta situación que desangra a nuestro querido.
