El especialista señala que el sistema judicial también es parte del problema de la minería ilegal.
Cada año la lista de exportadores de oro en el país desaparece y cambio totalmente, señaló Alberto Fanfan, especialista en Conflictos Mineros.
Farfán indicó que la mayoría de empresas que venden al exterior desaparecen anualmente, y «esto se produce de manera legal».
«La lista de los exportadores de oro cambian año a año. Desaparecen el 80% de lo que exportan y el año que viene no lo vas a encontrar. Bajo nuestros parámetros logísticos legales, una línea aérea formal y una logística que permite que esta gente se incentive», sostuvo.
El experto dijo que en el país se confronta un lado de la operación, pero que se olvida ese «filtro».
Asimismo, dijo que sólo entre La Rinconada y Puno, el 1% está formalizado, «de esos 200 mil, 300 mil, todo está en la ilegalidad».
«Hoy en el Banco de la nación hay incautados dos toneladas de oro físico, que quiere decir el fracaso del trabajo fiscal, entonces ahí hay una demostración que hoy día te puedes dar el lujo de preguntar, esa incautación es ínfima comparado con lo que se va, las cifras por sí solas hablan», sostuvo.
Farfán agregó que, el sistema judicial también es parte del problema.
«Pero a su vez también la falta de manos, ¿Cómo recibes a 4 mil personas diarias con dos funcionarios públicos supuestamente para supervisar y preparar los papeles para esta minería, vamos a llamarla informal?, ¿cómo controlas eso?», sostuvo.
El experto lamentó que la ilegalidad en la minería peruana se vuelva legal en otra parte ante los ojos de las autoridades.
«Y se vende a precio de un mercado fabuloso actualizado. Una maravilla. Funciona, uno ve esto y ve, es una tristeza el sistema, aparte son señales terribles para afuera, para los formales, las fundiciones formales, los compradores, no es una buena señal tener este manejo informal de que el material se va por todos lados», comentó.
Farfán añadió que la tardía presentación del proyecto de la Ley MAPE junto a la inoperatividad del Estado podría servir para que la mayoría parlamentaria extienda más bien el Reinfo.
«Llegamos a diciembre y ya no hay mucho que hacer. La primera semana se desactiva todo y la esperanza es que la Comisión Permanente que se instala después del 15 de enero podría administrar o podría empujar algunos de los proyectos que quedan pendientes, con lo cual reduciría la cantidad de votos en el Congreso para impulsarlos», dijo.
Comentó que ello depende de la voluntad política, y la política a veces tiene que ver con estos coqueteos, con sectores que lamentablemente no están en el lado correcto.
Concluyó diciendo que se tiene que dotar el presupuesto para supervisar al sector, y no dejar de hacerlo «porque falta gasolina para la movilidad».
«¿Cómo vas a controlar con esa falta de recursos? Entonces, creo que esto de la ley MAPE, aparte debe tener la voluntad política para generarle seguridad a la supervisión. Entonces, no es que sea mal o bueno el gobierno regional que se dedica al tema. Seguramente tiene defectos, pero hay que dotarlo de recursos», apuntó.
