MINERÍA. INTERNACIONAL. Argentina.- Bajo de la Alumbrera, la principal mina a cielo abierto del país, prepara su cierre. El principal yacimiento a cielo abierto de Argentina alista su cierre para fines del 2017 y acelera el plan de remediación previsto en la concesión. Es la primera vez, en una explotación de este tipo, que los argentinos podrán ver cómo queda la zona en donde se trabajó y cuáles son las consecuencias de la actividad. Así lo informa el diario La Nación.
Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década. La inversión, que incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados, se aproximaría a los 2000 millones de pesos.
En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados-.
Se cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material «benigno» y se las «revegetará con especies nativas». El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación.
La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, indicó al citado medio que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se proyectaba el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora del tipo de cambio tuvieron un «efecto positivo en la estructura de costos», por lo que evalúan una extensión del período.
Desde hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.
Socio y controlante
Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD. Rodolfo Micone, secretario de Minería provincial, dijo a La Nación que ese esquema no interfiere porque el Ejecutivo audita su área a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera.
«Es totalmente independiente de la conducción de la sociedad», señaló. Agregó que, en el marco legal vigente, se iniciaron varios sumarios administrativos, se procesaron algunos y otros están en la etapa de evaluación y «pronta» resolución. Enfatizó que la provincia «suspendió proyectos mineros en producción por incumplimientos ambientales».
El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En diálogo con LA NACION, indicó que las auditorías son insuficientes y que en Tucumán se dictan resoluciones administrativas más elásticas que las nacionales sobre los parámetros de contaminación.
Fredy Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde 2010-, apuntó: «Los gobiernos no pueden controlar la extracción de áridos, imagínese una mina».
Respecto de la remediación, Gómez sostuvo que «terminarán haciéndose cargo» los socios de YMAD «en función de una cláusula secreta firmada en Nueva York» a la que comparó con la que rige en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó que las acciones deben permitir «una restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la actividad» y recordó que las mineras tienen el «compromiso de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza para constatar su estabilidad física y química».
Karina Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la participación de la comunidad en el plan de cierre: «Todo se maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información».
