Según la Defensoría del Pueblo, solo al cierre de abril, se registraron un total de 209 conflictos sociales a nivel nacional.
Actualmente en el Perú continúa el conflicto social contra la operación minera Las Bambas de MMG.
En la víspera, la población del distrito de Purmamarca no quedó satisfecha de la presencia y participación del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres.
Asimismo, ese conflicto se ha considerado en el reporte de la Defensoría del Pueblo actualizado a abril de este año.
En dicho informe, la entidad resaltó que solo en abril se registraron un total de 209 conflictos sociales.
De ese total, 160 son catalogados como conflictos activos y representan el 76.6% del total.
Mientras que hay 49 conflictos latentes, que tienen una cuota del 23.4%.
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Competencia de atención
La Defensoría del Pueblo explicó sobre la identificación de las competencias en la atención de un conflicto social.
Así, aclaró que ese análisis se realiza a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los sectores en los que se organiza el Estado para atender las múltiples demandas planteadas durante el desarrollo de un conflicto social.
Ello, se basa en la normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de las entidades
estatales analizadas.
Así, durante abril, la principal competencia en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno nacional.
El Gobierno Central es responsable de atender 132 casos que representan el 63.2% del total.
Le siguen los gobiernos regionales con 55 casos (26.3%) y en los gobiernos locales con 17 casos (8.1%).
Por tipo
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo señaló que los conflictos socioambientales ocuparon el 63.2% (132 casos) del total de conflictos registrados en abril.
Le siguieron los conflictos de tipo comunal, con 10.0% (21 casos).
En tanto, de los 160 conflictos activos durante abril, el 63.8% (102 casos) correspondieron a conflictos del tipo socioambiental.
En segunda posición se ubicaron los conflictos de tipo comunal con el 10.6% (17 casos) y por asuntos de gobierno regional con el 8.8% (14 casos).
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