Además, proyecta formalizar entre 3,000 y 5,000 mineros hacia el término del primer semestre del año, siempre que el Congreso apruebe la Ley MAPE.
Máximo Gallo, director de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), afirmó que la cartera ha proyectado la formalización de 25 mil mineros a finales de 2025.
Gallo resaltó que la Dirección de Formalización Minera ha asumido la responsabilidad del proceso, que anteriormente recaía en manos de los gobiernos regionales, lo que permitirá agilizar los procedimientos. «Queremos que esto sea más expeditivo y rápido», declaró para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El funcionario indicó que el proceso de formalización empezaría con los casi 4,0000 mineros que ya se encuentran listos y han sido identificados por el Minem. Sin embargo, dijo que uno de los principales obstáculos radica en la tenencia de concesiones mineras, ya que aproximadamente el 90 % de los mineros en proceso de formalización no son titulares de concesiones.
Como solución a este problema, Gallo anunció que el Minem está promoviendo una modificación legal que permitiría al Estado adjudicar concesiones extinguidas a mineros en proceso de formalización.
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«Si una concesión está extinguida y no pertenece a nadie, la lógica es que se asigne a los mineros en proceso de formalización que estén haciendo las cosas bien», explicó en el programa del IIMP.
En ese sentido, enfatizó que espera formalizar entre 3,000 y 5,000 mineros hacia el término del primer semestre del año, y alcanzar la meta de 25,000 a fin de año, siempre que el Congreso apruebe la Ley MAPE.
“Si logramos que esa ley salga antes de junio yo calculo que a fin de año tenemos unos 25.000 mineros más formalizados. Lo cual ya es un gran avance para este país”, añadió.
El Perú cuenta con solo 11,000 mineros formalizados actualmente, por lo que esta iniciativa representaría un significativo avance para la industria. Bajo la visión de Máximo Gallo, la formalización no solo mejorará las condiciones laborales de los mineros a pequeña escala, sino que también incrementará la recaudación fiscal.