“Es evidente que se debe actualizar la legislación y normativa vigentes que permitan definir bien, entre otros, los derechos de propiedad de las zonas a remediar, así como limitar las responsabilidades de los remediadores encargados y voluntarios”, propuso una experta.
La consultora en asuntos ambientales y económicos vinculados a la minería, Marita Chappuis, advirtió que la dilatación de los proyectos de cierre y remediación de pasivos ambientales mineros son consecuencia de la institucionalidad dispersa, la legislación desactualizada y la burocracia excesiva imperante en el país.
En Rumbo a PERUMIN – Consensos para el progreso del Perú central, explicó que el actual sistema de gestión de pasivos ambientales atribuye a la Dirección General de Minería las funciones de identificación, clasificación y determinación de los responsables de los mismos; mientras que delega a los gobiernos subnacionales, AMSAC y organizaciones voluntarias otras obligaciones como la remediación, reutilización, reaprovechamiento y uso alternativo de los pasivos.
“Como principal recomendación, es preciso que se analice a profundidad la opción de crear una sola entidad que se encargue de toda la gestión integral de los pasivos ambientales mineros, desde su identificación hasta el postcierre, sin incluir las responsabilidades de monitoreo y fiscalización”, señaló la especialista.
Esquema normativo caduco
Señaló también que la opción de reaprovechamiento del contenido mineral en los pasivos ambientales no ha dado los resultados esperados, y que AMSAC es fiscalizado por OEFA y ANA como si fuese el generador de los pasivos a su cargo.
“Es evidente que se debe actualizar la legislación y normativa vigentes que permitan definir bien, entre otros, los derechos de propiedad de las zonas a remediar, así como limitar las responsabilidades de los remediadores encargados y voluntarios”, propuso Marita Chappuis.
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Problemas de financiamiento
De la misma manera, advirtió problemas de acceso limitado a recursos del tesoro público y la elevada burocracia, las cuales juegan en contra de las actividades de remediación y cierre de pasivos ambientales mineros, en los plazos establecidos.
“Debemos buscar soluciones creativas y permanentes de financiamiento del presupuesto destinado a la remediación a cargo del Estado, teniendo en cuenta una programación multianual”, indicó la exdirectora general de Minería del MINEM.
Urge sistema de promoción
Finalmente, sugirió la creación de un sistema de promoción para el reaprovechamiento y remediación, el cual requerirá de inversión inicial en investigación para definir el contenido mineral y análisis de tratamiento metalúrgico, con compromisos claros de inversión.
“Es necesario que se planteen medidas para atraer el capital privado para remediación, como compensaciones ambientales, créditos tributarios y la aplicación de obras por impuestos para la remediación”, enfatizó la consultora Marita Chappuis.
