MINERÍA. Los engorrosos y lentos trámites burocráticos y los conflictos sociales, que han aumentado en 17% en el último año, están poniendo en riesgo los 58,500 millones de dólares en los 49 proyectos mineros que tiene el Perú en todo el territorio nacional.
En conferencia de prensa convocada para anunciar la séptima edición del Congreso por el Día de la Energía, que este año analizará la burocracia y la sobrerregulación en energía y minas, el socio de Laub & Quijandría Energy Group, Anthony Laub, lamentó que no haya dado resultados el Plan Nacional de Simplificación Administrativa que puso en marcha el Estado el 2013. En tal sentido, aseguró que persisten las demoras en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de inversión minera, de electricidad y de hidrocarburos.
También señaló que si el Estado Peruano no supera la tramitología, la sobrerregulación y las excesivas disposiciones del Ministerio del Ambiente, el Perú no tendrá un entorno amigable para las inversiones en el país y “continuaremos estancados, a diferencia de los países vecinos, como Chile, que siguen atrayendo inversiones”.
Dificultades burocráticas
Laub, socio de la consultora Laub & Quijandría Energy Group, que organiza desde hace siete años el Congreso por el Día de la Energía, explicó que entre las dificultades detectadas en la administración pública, especialmente en los gobiernos regionales y municipales, figura el desconocimiento de la legislación entre sus funcionarios, quienes prefieren no resolver los trámites o transferirlos a otras entidades y, cuando deciden hacerlo, lo resuelven de manera equivocada. Además, ceden con facilidad a las presiones políticas y sociales, agudizando los conflictos en contra de los proyectos.
Asimismo, resaltó el incumplimiento de los plazos establecidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las propias instituciones y, al no existir una homogeneidad de los procedimientos en todas las instancias públicas, no existe una predictibilidad en las empresas en cuanto a los requisitos, plazos y procesos, lo que termina afectando los proyectos de inversión.
Laub también advirtió que los funcionarios públicos tienen un excesivo temor a la Contraloría General de la República, lo que los lleva a no pronunciarse o desaprobar los procesos administrativos sin justificación alguna. Además, comentó que el Ministerio del Ambiente ha subordinado las decisiones administrativas de todo el Estado a criterios ambientales y su opinión se ha vuelto vinculante, aun cuando el ordenamiento jurídico no lo dispone de esa manera.
De otro lado, informó que los conflictos sociales están en aumento y, según la Defensoría del Pueblo, hasta agosto de este año existían 196 casos, 17% más que en el mismo mes del año pasado. Refirió que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene registrados un total de 203 conflictos sociales, de los cuales el 5% están relacionados con proyectos de electricidad, 42% con la minería y el 9% de hidrocarburos.
Propuestas de Cambios
Laub propuso la creación de un solo régimen regulatorio para los proyectos eléctricos, que sea estable y predecible para todos los operadores. Además, aseguró que, en un escenario de sobreoferta de capacidad instalada del 90%, en el que se han adjudicado proyectos solares y eólicos con precios competitivos, no existe justificación para que los usuarios eléctricos sigan subsidiando las denominadas tecnologías verdes.
Para el subsector hidrocarburos, planteó que el Estado trabaje cuanto antes en una reforma del régimen legal, con incentivos claros y razonables, y que se cree un Viceministerio de Hidrocarburos.
Además, para promover los proyectos mineros, que es el que tiene más iniciativas en cuanto a inversiones, propuso que no debe permitirse que se demoren o detengan por trámites burocráticos o por condiciones sociales inadecuadas. En tal sentido, recomendó un trabajo conjunto entre el gobierno central, regional y municipal para una mejor gestión pública.
