El ex titular de la SNMPE señaló que es preocupante que los sistemas de inteligencia de la Policía y del Ministerio del Interior no estén funcionando o no les esté importando la minería ilegal en el país.
El Gobierno es laxo y permisivo con la minería ilegal mientras le pone grandes dificultades a la formal, cuestionó Carlos Gálvez, expresidente y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
«Lo curioso es que mientras por un lado el Estado le pone grandes dificultades a la minería formal, por otro eso se vuelve permisivo y asequible a cualquier operación ilegal, porque eso les ha financiado las campañas electorales y eso da votos, entonces les importa nada la legalidad», aseveró.
Estado permisivo
En entrevista con Rumbo minero criticó las palabras de la mandataria Dina Boluarte quien señaló “estamos mirando cómo formalizamos esa minería ilegal que tanto daño hace a la patria”, tras el atentado en el cual murieron nueve agentes de seguridad de la compañía minera Poderosa, en el distrito y provincia de Pataz (La Libertad). «Esa respuesta de la presidenta Dina Boluarte, sobre estamos viendo cómo formalizamos, no resiste el menor análisis».
«Si usted tiene una presidenta que dice que va a formalizar a los delincuentes y que está viendo cómo lo hacen, estamos perdidos, y si usted tiene una presidenta y un gabinete que no respalda a las fuerzas del orden para controlar esta situación estamos perdidos, simplemente se están poniéndo de perfil y no hacen nada, si usted tiene una presidenta que manda pero no comanda, estamos perdidos.
En el Perú, la minería ilegal es una actividad que ocupa unos 25 millones de hectáreas, sobre todo en las regiones de Arequipa, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, La Libertad y Puno.
A la fecha según el Ministerio de Energía y Minas, ante el REINFO se registraron 87,771 mineros informales, de los cuales solo se formalizaron 11,000.
Gálvez dijo que la producción aurífera del país extraída de manera ilegal genera anualmente casi 3,000 millones de dólares.
«Se está permitiendo que hayan empresas que constituyen plantas de tratamiento donde se procesa los minerales de esta gente (mineros ilegales), y se convierten en reducidores de estos minerales, y como ya se manejan 3 mil millones de dólares en oro ilegal, ese es el atractivo para las mafias, es un asedio permanente a la minería formal», aseguró.
No más REINFO
Gálvez Pinillos indicó que es momento que el Gobierno deje de prorrogar y ponga una fecha de caducidad al Registro de Formalización Minera (Reinfo), que se ha convertido en un «paraguas» para los mineros ilegales en regiones donde la corrupción «campea».
«Hay una actitutd laxa que el gobierno tiene contra la minería ilegal, el apoyo permanente a ellos generando el REINFO que fue una buena iniciativa temporal, que se dio a los mineros artesanales o pequeños mineros para que puedan formalizarse y regularizar su situación legal, sin embargo se ha convertido en un modo de vida, en un paraguas en las regiones donde la corrupción campea», acotó.
Dijo que esta «autorización temporal» a través del REINFO ya lleva cinco años prorrogándose y que es una actitud permisiva del gobierno.
Comentó que mediante el REINFO, los delincuentes de la minería ilegal pueden comprar insumos químicos, como los que emplearon en la detonación de explosivos en uno de los socavones de minera Poderosa en Pataz.
«Estos delincuentes son conocidos, la PNP sabe de estas ocurrencias. Se trata de controlar el delito, a las mafias, se ha denunciado estos actos delictivos, y realmente preocupa que los sistemas de inteligencia de la policía y del Ministerio del Interior no estén funcionando o no les esté importando», manifestó.
El ex vocero del gremio minero energético culminó diciendo que el gobierno no ha hecho un mea culpa, y que más bien le han pasado la responsabilidad al gobierno local y regional.
