Para implementar la Ventanilla Única Digital (VUD) en la minería se necesita presupuesto y no solo voluntad política, sostuvo.
En el marco del Decreto Supremo que modifica la Ventanilla Única Digital (VUD) cualquier empresa minera puede interponer una demanda de amparo para que el Estado cumpla con su implementación, sostuvo Christian Delgado, abogado civil y socio de Delgado Abogados.
El abogado saludó la iniciativa que busca simplificar la burocracia en el sector minero pero dijo que para poder poner en un único ámbito digital a todas las entidades y procedimientos, es decir se implemente la norma no solo se necesita voluntad política sino también presupuesto.
«Por ejemplo para que cada una de estas entidades tengan la plataforma integrada del VUD, para que entre todos exista una sincronía y que no se estén repitiendo procedimientos. La norma se saluda, pero ponerla en práctica, si eso no se hace vamos a seguir en un canto de sirena», dijo.
Delgado señaló que el DS que busca acelerar la creación de la Ventanilla Única Digital en la minería, «es que es una norma actuable» y conlleva un mecanismo legal para solicitarle al Estado cumpla con lo ofrecido.
Así, «por ejemplo si una empresa del gremio minero quisiera coadyuvar para la implementación de la VUD podría interponer una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas para que se formule un pliego presupuestal adicional para implementar esto que ustedes están prometiendo».
«Esa es una forma legal para hacer actuar al Estado sobre lo que está legislando. Te pongo una ventanilla única, digo que voy a congregar más entidades, prometo que voy a hacer el procedimiento, pero no tengo el presupuesto ni tiempo ni toda la simplificación administrativa para evitar eso tenemos un decreto supremo actuable», explicó.
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Burocracia y corrupción
Delgado indicó que en el Perú para la puesta en marcha de un proyecto minero aproximadamente tenemos más de 200 procedimientos administrativos en más de 10 entidades públicas.
Agregó que a nivel regional, el Perú sobrepasa en dos veces el tiempo reglamentario para poner en ejecutar un proyecto minero.
«Iniciados los trámites para poder viabilizar un proyecto cuatro años tienen que pasar para que se ponga en marcha», comentó.
Delgado señaló que la VUD va a garantizar la transparencia en el proceso pues todos los procedimientos administrativos, licencias, autorizaciones, permisos, van cargarse y resolverse, es decir tendrán trazabilidad, y así se buscará también evitar la corrupción.
