Desde el inicio de la pandemia en el Perú, las empresas mineras estuvieron autorizadas a realizar únicamente labores críticas con el mínimo personal operativo, generando que su ritmo de producción sea significativamente disminuido. Por ello, la actividad minero metálica retrocedió 22% en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del 2019.
Así también, la inversión minera cayó 25% en el mismo periodo, ascendiendo a US$1,910 millones. Cabe recordar que el sector minero contribuyó con el 11% del PBI nacional en el 2019, según el INEI, y con el 8.1% de la recaudación tributaria, según la Sunat.
La afectación a los niveles de producción minera causada por la pandemia tendría repercusiones en las transferencias de recursos hacia las regiones por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia, lo cual podría exacerbar aún más la conflictividad social en la zona de influencia de algunos de los proyectos mineros, lo que obstaculizaría la urgente reactivación económica que necesita el país y desincentivaría las inversiones en el sector.
Por ello en la “Agenda de Reactivación 2020” se plantean cuatro propuestas para recuperar el dinamismo del sector y reducir el riesgo de que los conflictos sociales afecten las posibilidades de crear puestos de trabajo y bienestar para millones de familias peruanas.
Medidas de corto plazo para recuperar el dinamismo del sector:
- Mejorar la gestión y la distribución adecuada del canon y las regalías mineras que son destinados a los gobiernos subnacionales.
- Implementar planes de desarrollo territorial integrado liderados por el gobierno nacional y utilizando la mecánica del PMO de los Juegos Panamericanos integrado para reducir las brechas sociales en zonas de influencia de los proyectos mineros.
- Establecer mecanismos que permitan definir claramente las prioridades a las que se deben destinar los recursos del canon y regalías con presupuestos y transferencias que se vayan liberando conforme al cumplimiento de indicadores y metas.
- Fiscalizar de manera concurrente la gestión del canon y regalías con la presencia de la Contraloría General de la República en los gobiernos subnacionales con mayores transferencias o conflictividad; así como establecer mecanismos de trazabilidad en sus usos de forma tal que la población identifique la generación de recursos públicos por parte de la actividad minera con la inversión pública realizada.
- Mejorar la distribución del canon y regalías entre los distritos de influencia minera, y permitir que las comunidades en los centros poblados también tengan acceso a las transferencias.
- Gestionar de manera público privada la simplificación de los procedimientos administrativos que rigen la actividad minera, eliminando o simplificando aquellos procesos que resulten duplicados, injustificados, ineficaces o desproporcionados, a fin de aportar a la competitividad del sector minero, garantizando el equilibrio dentro los aspectos económicos, sociales y ambientales.
- Agilizar el cumplimiento de los objetivos de la Mesa Ejecutiva Minero Energética y monitorear su agenda de trabajo, así como generar espacios adicionales de articulación con la participación del sector privado para impulsar propuestas normativas para la promoción de la actividad minera.
- Agilizar el proceso de consulta previa, identificando registralmente a la totalidad de pueblos indígenas en las zonas de influencia de los proyectos mineros.
- Reemplazar el proceso de consulta previa en la etapa de exploración por el acuerdo previo con acompañamiento del Estado como lo propone el Informe de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible.
- Hacer frente a la conflictividad social en torno a los proyectos, la cual guarda relación con la precariedad del aparato estatal para proveer los servicios básicos a los ciudadanos.
- Redefinir la estrategia de trabajo de Oficina de Gestión Social del MINEM y el Viceministerio de Gobernanza Territorial en relación a la prevención del surgimiento de conflictos. La estrategia debe considerar espacios de diálogo y de coordinación permanentes en las regiones con campamentos mineros, proyectos en ejecución y en cartera.
- Crear una autoridad administrativa ad-hoc en el MINEM que dilucide los supuestos incumplimientos de compromisos sociales por parte de las empresas y del propio Estado.
- Hacer docencia dirigida a las contrapartes púbicas del sector a nivel subnacional, difundir buenas prácticas, sancionar las malas y establecer el acompañamiento de los proyectos.
- Desarrollar capacidades y asistencia técnica a las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y sus funcionarios.
La Agenda Reactivación 2020 de Confiep es un documento que reúne una serie de propuestas para la recuperación de los distintos sectores económicos en el corto plazo, a fin de recobrar los millones de empleos perdidos, estimular la inversión pública y privada y revertir el deterioro de las condiciones de vida de las familias, teniendo como centro el bienestar del ciudadano en armonía con el cuidado de la salud y el respeto a los Derechos Humanos.
