El gremio advirtió «que un proyecto de 5,500 millones de dólares, de gran impacto favorable al país, se vea paralizado por consideraciones políticas desencadenará una enorme incertidumbre sobre el Perú como destino de inversiones».
La CONFIEP expresó su rechazo por la disposición del gobierno de revisar los permisos de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua, ANA, otorgó en forma técnica al proyecto minero Quellaveco, luego de un exhaustivo proceso de análisis y revisión que demandó más de 10 años garantizando que el proyecto no afectará las fuentes de agua que abastecen a Moquegua y Arequipa.
Así, a través de un comunicado, indicaron «que un proyecto de 5,500 millones de dólares, de gran impacto favorable al país, se vea paralizado por consideraciones políticas desencadenará una enorme incertidumbre sobre el Perú como destino de inversiones, además de afectar a los aproximadamente 4,000 trabajadores de Quellaveco, poniendo también en riesgo los 32,000 puestos de trabajo indirectos que están siendo generados por esta importante inversión».
Recordó que «con anterioridad, la ANA hizo análisis detallados del caso y concluyó que el uso por parte de Quellaveco del agua inadecuada para consumo humano o agrícola del río Titire no afectaría la disponibilidad de ese líquido vital para los agricultores de Arequipa al haberse construido la represa de Vizcacha, la cual permitiría reemplazar el caudal del río Titire por agua fresca de buena calidad para la cuenca del río Tambo».
«La CONFIEP demanda al gobierno nacional a actuar con coherencia con sus declaraciones respecto al desarrollo de proyectos de inversión que son necesarios para el país y que han sustentado su viabilidad y sostenibilidad ante los organismos técnicos competentes del Estado peruano. Una intromisión política a un proceso técnico constituye un mal precedente para la competitividad del país», remarcó.
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Asimismo, «el cambio de reglas de juego ahuyenta a los inversionistas, cuyo capital es esencial para generar empleo formal y generar los recursos que necesita el Perú para cerrar sus brechas sociales, así como reactivar su economía».
Lamentó que «esta no es la primera vez en que las medidas del gobierno generan inestabilidad para la industria minera. A este episodio se suma el anuncio ilegal que realizó la PCM en noviembre pasado sobre el cierre de cuatro minas en Ayacucho, así como la falta de capacidad de gestión en torno al conflicto con Las Bambas, que a la fecha opera al 50% de su capacidad por los constantes conflictos sociales y la pérdida de institucionalidad en la zona».
«La CONFIEP y sus 22 gremios sectoriales asociados de la pequeña, mediana y gran empresa, demandan al gobierno a demostrar con acciones concretas que es consecuente con su discurso de respaldo a las inversiones y el respeto a la estabilidad jurídica en el país», enfatizó.
Agregó: «Las demandas legítimas por agua de calidad y cantidad adecuada para el valle del Tambo no deben ser confundidas con los reclamos sin base de un grupo antiminero».
«El crecimiento y desarrollo del sector principal que impulsa la economía y desarrollo del país no puede parar. Solo con un clima de estabilidad y confianza se podrán generar las condiciones necesarias para plasmar el despegue económico que propone el Ministerio de Economía y Finanzas en su plan “Impulso País”, finalizó.
