El año pasado hubo una inversión en proyectos de exploración sumó US$326 millones, aproximadamente un tercio de lo que se invirtió durante el anterior superciclo de precios.
Los conflictos sociales cerca de la actividad minera, cada vez más severos y radicalizados, sostienen en buena parte que la producción minera todavía no recupere sus niveles pre pandemia. Tiene que haber medidas que permitan aprovechar el superciclo de costos de los metales y afirmar la sostenibilidad de la actividad minera peruana.
La minería es el principal crecimiento económico en el Perú: en los últimos diez años, aportó cerca del 9% del PBI, 59% de las exportaciones, 15% de la inversión privada y 10% de los ingresos tributarios.
Sin embargo , la creciente conflictividad social relacionada a la minería –concentrada en la segunda mitad del 2021– habría frenado buena parte del crecimiento del sector en el último año y el inicio del 2022.
La paralización que enfrentan las operaciones de Las Bambas (Apurímac) y Cuajone (Moquegua) son ejemplos de ello. Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los conflictos mineros le habrían costado al sector minero-metálico alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021.
Es decir, la actividad minera se expandió 9,7% en el 2021, pero pudo haberse expandido 12% sin conflictos sociales. Ello habría significado un costo de más de S/1.500 millones, según cálculos del IPE.
Héctor Collantes, director asociado en Fitch Ratings, confirma que la conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería.No obstante , el Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras.
Ante ello, Collantes menciona que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una intermediación oportuna.
Asimismo, Collantes indica que los conflictos mineros suelen aumentar alrededor de las elecciones subnacionales. Por ello, a pocos meses de los comicios regionales y municipales 2022, advierte que, de no adoptar soluciones adecuadas ahora, será más difícil manejar estos conflictos en los próximos meses.
